CIUDAD DE MÉXICO, 17 Sep. (Notimex/Notimérica) -
México ha presentado un informe en el que destaca los avances en el cumplimiento de las disposiciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic).
En la reunión realizada en la ciudad de Washington, México resaltó la promulgación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción en 2015 y la publicación de la legislación secundaria en 2016, con la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción.
En el documento reconoció, además, las buenas prácticas sobre las que el Estado mexicano suministró información, como la Política de Integridad Institucional de la Auditoría Superior de la Federación, ha informado en un comunicado la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El Modelo de Evaluación y Adscripción del Personal Sustantivo de la Procuraduría General de la República y el Cuerpo de Derecho Civil en materia de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Este jueves, en el marco de la Quinta Ronda de Análisis del Mesicic, el Comité de Expertos precisó las referidas áreas de oportunidad que permitirán dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas.
Sobre todo las relacionadas con el funcionamiento de dicho Sistema y la instrumentación de las leyes en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción que, a su vez, buscan contribuir con el espíritu de la convención.
La titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la SFP, Teresa Gómez del Campo Gurza, reconoció el valor del examen entre pares en la Vigésima Séptima Reunión del Comité de Expertos.
Gómez del Campo reiteró el compromiso de México para continuar colaborando con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en favor del multilateralismo y de la observancia del Derecho internacional.
Las disposiciones de la convención analizadas en esta Quinta Ronda corresponden a las instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas.
Asimismo, al estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la moralidad en el servicio público.
También se dio seguimiento a las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda sobre los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, y para la adquisición de bienes y servicios por el Estado, sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien, de buena fe, actos de corrupción.