MÉXICO DF, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
La presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Díaz, ha solicitado la comparecencia de los ministros de Exteriores e Interior, Patricia Espinosa y Alejandro Poiré, respectivamente, para que den explicaciones sobre las presunta relación entre los cárteles y la Agencia Antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) en operaciones de tráfico de armas y lavado de dinero.
Díaz, que ha asumido la dirección del partido tras la renuncia de Humberto Moreira tras verse salpicado en un escándalo de corrupción, ha recalcado que las explicaciones sobre los operativos 'Rápido y Furioso' y 'Receptor Abierto', así como por los casos del banco Wachovia y el uso de aviones no tripulados "no dejan satisfecha a la población". "El asunto no se debe tomar a la ligera, dado lo delicado del tema", ha agregado.
"Se trata de cuestiones que involucran la seguridad nacional", ha recalcado, antes de exigir que se realice un análisis y replanteamiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. "Aún cuando existen mecanismos de cooperación como la Iniciativa Mérida, no significa que tengamos que entregar nuestra soberanía", ha apostillado.
La operación 'Rápido y Furioso' implicó la introducción deliberada de miles de armas en el país iberoamericano para destapar las estructuras del crimen organizado. Esta operación, dirigida por el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), es uno de los puntos de fricción entre México y Estados Unidos, que desde hace años cooperan junto a otros países de la región para frenar el auge de la delincuencia organizada.
En 2009, la ATF logró introducir ilegalmente en México más de 2.000 armas para hacerles un seguimiento y descubrir los entresijos de las organizaciones criminales. Sin embargo, la operación fue un fracaso, ya que la mayoría de las armas se perdieron, aumentando así el arsenal de los criminales.
En la operación 'Receptor Abierto', llevada a cabo con anterioridad, la ATF permitió entre 2006 y 2007 la entrega de armas procedentes de Tucson (Arizona) a los cárteles mexicanos con la finalidad de descubrir sus entresijos.
Los documentos entregados por el Departamento de Justicia al Congreso para que investigue este caso acreditan que una "red de testaferros" adquirió las armas para "dejarlas caminar a través de la frontera" común. Si bien, estos papeles revelan el fracaso de la operación, puesto que las armas "se perdieron en México".
Por último, la oposición cita los informes que apuntan a que los cárteles de la droga mexicanos lavaron miles de millones de dólares a partir de 2004 a través del banco estadounidense Wachovia. El banco permitió depósitos en casas de cambio por 378.000 millones de dólares (281.651 millones de euros) sin aplicar las medidas para evitar el lavado de dinero.