MÉXICO DF, 25 Feb. (Reuters/EP) -
Los principales partidos políticos de México han anunciado este martes que han llegado a un acuerdo para aprobar un sistema nacional anticorrupción, en medio de críticas por escándalos y sospechas de conflictos de intereses que salpican tanto al Gobierno como a la oposición.
El secuestro y posterior masacre de 43 estudiantes a manos de policías de la ciudad de Iguala el pasado mes de septiembre dejó en evidencia el grado de infiltración de los grupos del narcotráfico entre las autoridades, desatando una ola de indignación en el país.
Semanas después, revelaciones de que el presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda compraron casas a contratistas del Gobierno avivaron la hoguera de las críticas, llevando al mandatario a su peor momento desde que asumió en diciembre del 2012.
"El acuerdo que hoy hemos logrado es el nacimiento de un sistema para poner a los corruptos en su lugar: en la cárcel", ha dicho Ricardo Anaya, coordinador de los diputados del opositor Partido Acción Nacional (PAN), en una rueda de prensa conjunta con el coordinador del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones.
También participó de la rueda el diputado Agustín Alonso Raya representando al Partido de la Revolución Democrática (PRD), facción que quedó seriamente dañada tras el ataque a los estudiantes porque gobierna en Iguala. El alcalde de la ciudad y su esposa están detenidos por el hecho.
El sistema anticorrupción implicará fuertes cambios en el esquema de control del gasto público, que actualmente sufre fugas por distintas vías y es auditado con un año de retraso, además de que no incluye a estados y municipios. El nuevo sistema se basará en la acción coordinada de cuatro instituciones, de las cuales tres ya existen.
El proyecto implica la coordinación de la Secretaría de la Función Pública, que es parte del gabinete, con la Auditoría Superior de la Nación --dependiente del Congreso-- y con un fiscal anticorrupción independiente, que aún no ha sido nombrado.
Estas tres instituciones actuarían con un tribunal de cuentas que debe crearse, y cuyo papel será central porque allí irán a dar todos los expedientes de presunta corrupción grave. En caso de aprobarse en la Cámara de Diputados, el proyecto debe pasar al Senado para su discusión.
La organización Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar número 103 entre los 175 países que integran su índice anual sobre las naciones con mayor corrupción del mundo.