Actualizado 12/01/2011 18:36

México.- Someterán a juicio político a tres jueces por liberar al asesino de una joven en Ciudad Juárez


MÉXICO DF, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Congreso del estado de Chihuahua (norte) ha admitido la solicitud de juicio político contra los tres jueces que pusieron en libertad en abril de 2010 al asesino de Rubí Frayre, hija de la activista de Derechos Humanos Marisela Escobedo, ejecutada por sicarios el pasado diciembre.

Esta es la primera vez que se da luz verde a una solicitud de esta naturaleza vinculada a los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, donde tan solo en 2010 fueron asesinadas más de 3.000 personas en medio de una ola de violencia desatada por los cárteles del narcotráfico que buscan controlar la ruta de la droga que llega a Estados Unidos.

El legislativo de Chihuahua conformó además la Comisión Jurisdiccional, presidida por el diputado Gabriel Humberto Sepulveda Reyes, que analizará la demanda contra los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado, informaron este miércoles medios locales.

Los tres juristas fueron suspendidos hace ocho meses, después de que emitieran el polémico fallo que puso en libertad Sergio Rafael Barraza. En sus argumentos calificaron de "inepto" al funcionario del Ministerio Público que elaboró el expediente por considerar que no sustentó la acusación.

El juicio político ha sido solicitado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con el objetivo de establecer si estos jueces incurrieron en alguna irregularidad al dictar el fallo a favor del supuesto homicida de la joven.

Barraza confesó ante un tribunal haber asesinado en agosto de 2008 a Rubí Frayre, de 16 años, su entonces pareja sentimental. En junio de 2009 fue arrestado, pero en abril de 2010 fue exonerado del juicio porque los jueces consideraron que sus declaraciones no tenían validez probatoria.

Unas semanas después un tribunal de casación revocó la sentencia y ordenó la captura del homicida. Tras esta decisión la madre de la víctima, Marisela Escobedo, intensificó su lucha contra la impunidad en los casos de homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

Escobedo, quien se convirtió en una importante activista de Derechos Humanos, fue asesinada el pasado 16 de diciembre frente al palacio de Gobierno de Ciudad Juárez. Las imágenes de este hecho fueron captadas por las cámaras de seguridad y recorrieron el mundo generando una fuerte condena internacional.

Los familiares de Escobedo y miembros de organizaciones sociales han asegurado que detrás del homicidio de la activista se encuentra Barraza, quien todavía permanece prófugo de la justicia.

ASILO POLÍTICO

Tras conocer la decisión del Congreso de Chihuahua, los jueces han anunciado su intención de solicitar asilo político en Estados Unidos y han enviado a los diputados una carta en la que califican de "improcedente" esta decisión.

"Ahora se persigue a los resolutores, que no hicieron otra cosa que aplicar la ley que creó un nuevo sistema de justicia de lujo, porque cumple con estándares internacionales, pero que está siendo operado por personal no capacitado cabalmente, como policías y fiscales que participaron en el caso", señala la misiva.

Los jueces critican además la teoría de que si no hubiese sido liberado Barraza en abril, "lo mejor no hubiera pasado la muerte de la señora Marisela" meses después. "Pero nosotros no tenemos el control de nadie después de la decisión", señalaron.

Los juristas, no obstante, serán notificados formalmente de esta decisión nueve días después de que aparezca publicada en el Diario Oficial del Estado de Chihuahua la creación de la Comisión Jurisdiccional del Parlamento. A partir de esa fecha, los acusados tendrán 30 días para preparar su defensa.

Medios locales han revelado que el Congreso de Chihuahua también podría investigar a los policías, funcionarios y peritos que participaron en la elaboración del expediente que concluyó con la liberación del asesino de la joven de 16 años.