CIUDAD DE MÉXICO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un Tribunal Federal ordenó el arresto del ex presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, por el delito de genocidio presuntamente cometido el 2 de octubre de 1968, cuando estudiantes fueron atacados en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
Así, el Segundo Tribunal Unitario revocó el auto de libertad que otorgó en primera instancia el Juzgado 15 de Distrito de Procesos Penales Federales, con lo que el ex Mandatario deberá comparecer ante el juez durante las próximas 24 horas para prestar declaración y preparar su estudio criminológico, según informa el diario mexicano 'El Universal'.
Este es uno de los pocos casos en que la Fiscalía, encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, logra obtener un veredicto favorable en segunda instancia.
Esta será el primer juicio en la historia de México por el delito de genocidio, de acuerdo con la resolución que emitió el magistrado Ricardo Paredes. Lo que hará ahora la defensa del ex presidente Echeverría será solicitar un amparo contra la resolución del magistrado y ello haría prácticamente que el proceso se suspendiera hasta que no se resolviera el recurso.
Echeverría, de 84 años, ya estuvo bajo arresto domiciliario por unos días a finales de junio y principios de julio, pero fue revocado por un juez frente a una apelación presentada por su defensa bajo el argumento de que el delito que se le imputaba había prescrito.
Según indicó el abogado del ex mandatario, Juan Velázquez, su cliente quedará nuevamente bajo arresto domiciliario, ya que el código penal federal señala que las personas mayores de 70 años pueden evitar la cárcel.
MASACRE DE 1968
Echeverría es acusado por una fiscalía especial de orquestar la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco, en la que decenas de estudiantes y civiles murieron tras un fuego cruzado en el que participó el Ejército y la Policía, algunos de ellos vestidos de civiles.
Echeverría que en aquel momento desempeñaba la función de Secretario de Gobernación, se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.
Su defensa ha dicho que en caso de que se hubiese incurrido en ese delito, el plazo de prescripción (30 años) se cumplió en 1998 y ya no puede ser castigado.
Sin embargo, el Tribunal señaló que si bien la cuenta para la prescripción del genocidio debía comenzar el día de la masacre (2 de octubre de 1968), no pudo hacerse debido a que Echeverría gozaba de fuero constitucional en su carácter de alto funcionario, lo cual "imposibilitaba la acción penal".
FUERO CONSTITUCIONAL
Ese fuero lo mantuvo en los años siguientes, ya que en 1970 fue elegido presidente del Gobierno, hasta 1976 cuando concluyó su mandato. Por lo que, según apunta el Tribunal, la prescripción comenzó a contar a partir del 1 de diciembre de 1976 y se habría cumplido el 30 de noviembre de 2006.
"Sin embargo, el inculpado fue aprehendido antes de tal fecha, el 3 de julio de 2006, evento que interrumpió el transcurso de la prescripción; en consecuencia, se estimó que la acción penal no estaba prescrita", añadió.
El Tribunal apuntó que quedó probado que como secretario de Gobernación fue uno de los responsables de la represión, que tenía como fin "destruir totalmente, es decir, en forma definitiva, el aludido movimiento disidente" integrado por estudiantes inconformes con el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, que gobernó de 1964 a 1970.
En una declaración escrita divulgada a la prensa durante su primer arresto domiciliario en julio, Echeverría aseguró que no hay pruebas concretas de su participación en la masacre.
Dijo entonces que ese día hubo 43 muertos, civiles y militares, resultado de un enfrentamiento y no de una política de Estado para exterminar a un grupo específico, condición que la ley internacional señala para configurar el delito de genocidio.
Echeverría ya había sido acusado de genocidio por otra masacre estudiantil en 1971, pero el caso fue cerrado en definitiva al considerar que no había elementos para procesarlo.