MANAGUA, 17 Oct. (EP/AP) -
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) informó el lunes que denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington las amenazas de muerte lanzadas contra su personal por sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos supuestamente durante el régimen sandinista en la década de los ochenta.
La CPDH anunció en en un comunicado que el objetivo la denuncia "fue pedir que se investigue y sugieran a las instancias jurisdiccionales del Estado Nicaragüense que adopten medidas cautelares a favor de los funcionarios amenazados"
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, denunció hace varias semanas haber recibido amenazas de muerte por gente supuestamente ligada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Carmona y un grupo de indios mísquitos denunciaron el viernes pasado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) los crímenes de lesa humanidad y genocidio que presuntamente cometió el ex gobernante y candidato presidencial Daniel Ortega.
El FSLN se negó el lunes a comentar sobre el asunto.
"La compañera Rosario Murillo, (esposa de Ortega y portavoz del FSLN) dice que no tiene comentarios, ni los habrá hasta después del cinco de noviembre", en que se celebran las elecciones presidenciales y legislativas, dijo Fanor Bonilla, ayudante de Murillo en la casa de campaña del FSLN.
Ortega lidera hasta el momento las encuestas de preferencias.
La Comisión Permanente denunció ante la Comisión Interamericana que los crímenes de lesa humanidad y el genocidio ocurrieron durante el desalojo de unos 10.000 indios mísquitos de una zona fronteriza con Honduras hacia el interior nicaragüense a comienzos de los años ochenta. Eso ocurrió durante la denominada operación "Navidad Roja" del régimen sandinista (1979-89) de esa época.
Las autoridades sandinistas trasladaron a grupos de esa etnia para evitar que se incorporaran a los contras. De hecho, algunas organizaciones de mísquitos se enrolaron en las filas de los rebeldes financiados por Estados Unidos.
La CPDH indicó que en el desplazamiento fueron asesinados 64 mísquitos, otros 15 están desaparecidos y por lo menos una docena de indígenas fueron torturados para sacarles información sobre los contras que combatían a los sandinistas.
La denuncia por esos supuestos crímenes aluden también al hermano de Ortega, Humberto Ortega, ex jefe del desaparecido Ejército Popular Sandinista durante los años 80; al ex ministro del interior y diputado sandinista, Tomás Borge; al ex jefe de la seguridad del Estado del régimen sandinista de los años 80, Lenin Cerna, y el actual fiscal de Derechos Humanos y ex guerrillero sandinista Omar Cabezas.