CARACAS, 10 Dic. (Reuters/Notimérica) -
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, ha designado este jueves como Defensora del Pueblo a la jueza que emitió la sentencia contra Leopoldo López, antes de que un nuevo parlamento de mayoría opositora asuma los cargos a principios del próximo año.
La nueva defensora, Susana Barreiros, estuvo a la cabeza del polémico juicio contra el líder opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, acusado de incitar la ola de protestas antigubernamentales que dejó 43 fallecidos en 2014.
En octubre, uno de los fiscales del caso, Franklin Nieves, dijo que había recibido presiones de la justicia para encarcelar a López con pruebas falsas, huyendo del país.
Opositores, ex presidentes y activistas de derechos humanos dicen que López es inocente y han pedido su libertad. "Proponer a Susana Barreiros es una ofensa. Esta doctora está profundamente cuestionada en su actuación ética y moral", dijo Hermes García de la bancada opositora, que se abstuvo de votar.
"Esta Asamblea Nacional moribunda se ha puesto de espaldas a la voluntad popular", agregó el parlamentario en referencia al triunfo que le aseguró a la oposición la mayoría parlamentaria que le permitirá, a partir del 5 de enero, nombrar a los integrantes de los poderes públicos, entre otras prerrogativas.
La bancada oficialista aplaudió la decisión, defendiendo la honradez y moralidad de la jueza Barreiros. "Nos alegra que la burguesía ataque a una mujer valiente. Que la valentía sea criticada nos llena de satisfacción. Vamos por el camino correcto", dijo el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello.
El también vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) adelantó que antes del fin de la actual legislatura, nombrarán a 18 magistrados del máximo ente judicial, una decisión que según sus críticos es "ilegal" y "apresurada", a días de que cambie la correlación de fuerzas.
"Exigimos a la Asamblea no realizar la designación de los magistrados sin condiciones de legalidad, oportunidad y transparencia", reclamaron el jueves organizaciones de derechos humanos en un comunicado.
Políticos opositores aseguran que los 13 magistrados titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo período vencía recién en diciembre de 2016, fueron obligados a renunciar para que la oposición no pueda nombrar a jueces independientes.
Además, denunciaron que el comité de postulaciones, encargado de la preselección de los candidatos, no está integrado por independientes sino por miembros del PSUV.
La Constitución venezolana establece que los miembros de los poderes públicos deben ser nombrados con la aprobación de los dos tercios del parlamento; sin embargo, argucias legales han permitido al oficialismo hacerlo con mayoría simple.