BOGOTÁ, 24 Sep. (Notimérica) -
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este miércoles el acuerdo con el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', sobre justicia transicional, como parte del proceso de paz que comenzó hace casi tres años.
Este pacto de 'Creación de una jurisdicción especial para la paz' consta de diez puntos necesarios para establecer las medidas de Justicia que podrán ser aplicadas a los guerrilleros que abandonen las armas, además de las compensaciones para las víctimas.
En cuanto a sus objetivos, el Alto Comisionado para la Paz divide las partes de este acuerdo en un total de ocho puntos:
1. CREACIÓN.
Como producto del acuerdo final se creará una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ejerce funciones judiciales y tendrá los siguientes objetivos: "satisfacer el derecho de las víctimas a la Justicia, obtener verdad para la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas y a luchar contra la impunidad, así como otorgar seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado y contribuir al logro de una paz estable y duradera".
2. COMPETENCIAS.
Este órgano tendrá competencia exclusiva respecto de "todos quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado", incluyendo a los miembros de las FARC, los agentes del Estado y terceros que hayan financiado o colaborado con grupos armados, entre otros.
En este sentido, su competencia se limita a los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, "en particular los más graves y representativos".
3. COMPOSICIÓN.
En cuanto a su composición, la JEP contará con Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz. Este órgano estará integrado por Magistrados principalmente colombianos, "sin prejuicio de una participación minoritaria de extranjeros".
4. FUNCIONES.
De acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, las funciones del Tribunal son cinco.
La primera, "juzgar e imponer sanciones a los responsables de los delitos" cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado.
En este sentido, para quienes reconozcan su responsabilidad en los delitos, la función será "proferir sentencias fundadas en las conductas reconocidas, una vez contrastadas con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y las sentencias judiciales existentes, además de la información que provean las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos".
En caso contrario, para quienes no reconozcan su responsabilidad, se llevará a cabo un juicio contradictorio y se proferirán las sentencias correspondientes.
Las otras dos funciones de la JEP serán "fijar y verificar las condiciones y modalidades de ejecución de la sanción", así como supervisar y certificar el cumplimiento de la sentencia.
5. CONDICIONES.
La primera condición de este acuerdo es que las FARC dejen las armas y se reincorporen a la vida civil.
Asimismo, sólo podrán acceder al mejor tratamiento especial de Justicia "quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana".
El acuerdo destaca a su vez que, en todos los casos, cualquier tratamiento especial de Justicia estará condicionado también a la contribución a la "satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición y participación de las medidas acordadas".
6. TRATAMIENTO ESPECIAL DE JUSTICIA.
De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), se otorgará la amnistía o indulto posible por delitos políticos y conexión. Para ello, una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad.
Por ello, para quienes reconozcan su responsabilidad "de manera temprana" las penas privativas de la libertad serán de entre cinco y ocho años, en contraste con los 20 años de máximo para quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables.
En este sentido, las sanciones se graduarán teniendo en cuenta el nivel de participación determinante en las conductas más graves y representativas.
7. CONCENTRACIÓN EN LOS CASOS MÁS GRAVES Y REPRESENTATIVOS.
El acuerdo establece que la JEP deberá concentrarse desde un inicio en los casos "más graves y representativos", para lo cual fijará criterios de priorización y selección con el fin de organizar sus tareas y acumular casos semejantes.
8. SISTEMA INTEGRAL.
La JEP formará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición que se está acordando en La Habana para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto entre las FARC y el Gobierno y alcanzar la paz. Por ello, este pacto no puede entenderse fuera del Sistema que se está construyendo, tratando de acordar otros mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas y el fin del conflicto.