SAN SALVADOR, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunidos en la XLI Asamblea General de la OEA, firmaron el martes la Declaración de San Salvador, en la que se comprometen a establecer como "prioridad" la seguridad ciudadana en la región.
En el documento, los estados de la OEA incluyen dentro de las "amenazas a la seguridad pública" el crimen organizado de alcance "transnacional", el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el problema mundial de las drogas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las pandillas delictivas y los delitos asociados al uso de tecnologías, incluido el delito cibernético.
A partir de ahora, la "prioridad" para los países de la región será "continuar dirigiendo sus esfuerzos, acciones y voluntad política para fortalecer la seguridad ciudadana, como un ámbito de la seguridad pública", señala la declaración, en la que se destaca la "obligación" de los gobiernos de "desarrollar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de derecho y de respeto a los Derechos Humanos".
Las políticas de seguridad "deben fomentar medidas tendientes al tratamiento de las causas que generan la delincuencia, la violencia y la inseguridad", pero además tendrán que tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos "en la definición e implementación de alternativas para construir comunidades y sociedades más seguras, sostenibles y coherentes con sus aspiraciones democráticas y de desarrollo socio-económico y cultural".
Los estados deberán además fomentar medidas para garantizar a la población el "acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema de justicia penal eficaz, transparente y fiable", lo cual tendrá que ir acompañado de sistemas penitenciarios "fundados en el respeto a la dignidad humana y a los Derechos Humanos".
Todos estos objetivos podrán cumplirse siempre que exista una estrategia en la que los miembros de la OEA trabajen para "mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública", puntualiza la declaración.
PLAN DE ACCIÓN HEMISFÉRICO
Al terminar la Asamblea General, que se celebró entre los pasados domingo y martes, los representantes de los estados miembro acordaron diseñar un Plan de Acción Hemisférico que será presentado, evaluado y discutido en la próxima cita, que tendrá lugar en 2012 en la localidad boliviana de Cochabamba.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aclaró que no puede poner plazos para conocer la efectividad de estos planes de seguridad porque "la composición de la criminalidad es distinta" y depende de cada nación. "No podemos decir que están todos los países en la misma situación. Hay un grupo de países que tienen más dificultades que otros, pero eso no significa que en otros países no haya crímenes ni delitos", subrayó.
El Plan de Acción Hemisférico, que deberá diseñar el Consejo Permanente de la OEA, tendrá que recoger el mandato de que las políticas de seguridad pública deben fomentar medidas que aborden el tratamiento de las causas que generan el crimen y la violencia, precisa el organismo en un comunicado.
El documento deberá establecer medidas para atacar, desde una óptica democrática y respetuosa de los Derechos Humanos, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas y migrantes, el problema mundial de las drogas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las pandillas y los delitos cibernéticos.