CIUDAD DE MÉXICO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los padres de los 43 estudiantes 'normalistas' desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzniapa, en el estado de Guerrero, han anunciado que cesarán el diálogo con la Fiscalía General hasta que se determine la responsabilidad de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal.
Los familiares de los desaparecidos llevan meses acusando a Zerón de colocar pruebas falsas en el lugar donde se encontraron bolsas con restos humanos.
Ahora, el abogado de las familias de los 43, Vidulfo Rosales, ha señalado que en la reunión del mes pasado con la Fiscalía, esta anunció que este mes presentaría resultados de la investigación, algo que no ha hecho.
"No podemos dejar que esto siga así", ha indicado Rosales en rueda de prensa, según declaraciones recogidas por el diario 'El Universal'. "Esta es la razón por la que hoy nos tuvimos que levantar de la mesa", ha continuado. Ha explicado que los familiares de lo estudiantes esperarán a que "concluya la investigación y que sea determinante en su resolución" para volver a sentarse y seguir "avanzando en las investigaciones".
El abogado ha señalado que el "mecanismo de seguimiento (de la investigación) está por llegar" pero que no les serviría "de nada" que este llegue "mientras ese personaje sigue metiendo las manos".
Asimismo, Rosales ha aclarado que pese a la suspensión del diálogo, los padres de los desaparecidos estarán "cerca" de la Fiscalía para seguir la información sobre el paradero de los jóvenes, desaparecidos hace casi dos años.
OBSTÁCULOS DEL GOBIERNO
Por su parte, el abogado ha explicado que en conversación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ésta les ha explicado que han tenido algunos "obstáculos" por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, principalmente para desplazarse al terreno.
"No nos los han especificado, pero obviamente nos preocupa que se esté retardando (el traslado de la CIDH al terreno), que ya está en un acuerdo definido" por la organización y aceptado por el Ejecutivo.
CASO IGUALA
El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.
Tres murieron durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.
Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.
Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.