Actualizado 19/07/2007 02:06

Panamá.-El ex dictador Noriega dice que quiere volver a Panamá, y no a Francia, para enfrentarse a la Justicia del país


CIUDAD DE PANAMÁ, 19 Jul. (EP/AP) -

El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega dijo hoy a través de sus abogados que desea volver a Panamá para enfrentarse a la Justicia de su país.

Los abogados del ex jefe del Estado panameño, Manuel Antonio Noriega, solicitaron hoy al gobierno de ese país que exija con firmeza a Estados Unidos que extradite a su cliente a Panamá en lugar de a Francia, país que también reclama su extradición.

"Francia no tiene mayor derecho que Panamá para reclamar a Noriega", dijo el miércoles el abogado Julio Berríos, en una rueda de prensa.

Berríos afirmó que después de conversar en la noche del martes con Noriega, este le dijo que "ha decidido regresar al país a enfrentar los cargos que se le han endilgado en nuestro territorio". "El no quiere ir a Francia", subrayó.

Berríos y su colega Rolando Rodríguez, que en la década de los 90 integró el equipo de fiscales que acusaron a Noriega en el juicio por el homicidio del ex guerrillero Hugo Spadafora, argumentaron que Panamá solicitó primero la extradición y que las acusaciones que enfrenta aquí son más graves que las que tiene en Francia.

También acusaron al gobierno de asumir una posición "timorata" y hasta "mediocre", en relación con loas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Samuel Lewis que dijo que Panamá mantendrá la solicitud de extradición, pero que reconoce que "es una decisión legítima y soberana de Estados Unidos de cómo definir solicitudes (de extradición)".

"Nos sorprenden las declaraciones mediocres del Canciller (Lewis) que dice que los Estados Unidos tendrá que decidir". "No es el gobierno de los Estados Unidos es el gobierno nuestro el que tendría que exigir y hacer valer la jurisdicción panameña para que Noriega sea regresado a su patria y enfrente los proceso que tiene pendiente", subrayó.

Otros juristas cuestionaron la posibilidad de que Noriega sea extraditado a Francia en lugar de que sea devuelto a su país donde tiene pendiente cumplir condenas por homicidio.

Noriega fue juzgado en Estados Unidos como un prisionero de guerra y debe ser devuelto a Panamá, declaró a la AP el profesor de la facultad de derechos y ciencias políticas de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal, citando los acuerdos de Ginebra en esa materia.

Agregó que la solicitud de Francia parece más bien un "arreglo" del gobierno panameño para eludir la situación incómoda que traería la presencia del ex dictador en Panamá.

Opinó que gente del Partido Revolucionario Democrático, ahora en el gobierno, fueron "amigos de Noriega y le han dado la espalda".

"Ellos son los que tienen terror de que retorne, no los que lo adversaron durante la dictadura", dijo Bernal.

Por su parte, el ex ministro de Asuntos Exteriores panameño José Raúl Mulino sostuvo también que se trata de una "componenda política entre Francia y Panamá para que Noriega pueda evadir la justicia panameña".

Lewis respondió a las preguntas de los medios de comunicación sobre si Panamá fue consultado sobre esa extradición a Francia y dijo que "en lo absoluto, el espacio de consulta en un tema de estos judiciales, le corresponde soberanamente al estado que tiene que decidir".

Noriega cumple el próximo 9 de septiembre su condena en Florida, donde esta preso desde 1990 después de que Estados Unidos invadió Panamá y se llevó al militar para juzgarlo por narcotráfico.

Noriega, que en la actualidad tiene 71 años, fue declarado culpable en 1992 de proteger los embarques de cocaína colombiana que pasaban desde Panamá a Estados Unidos durante la década de 1980.

Desde Florida su abogado, Frank Rubino, expresó dudas de que Noriega pueda ser extraditado a Francia. "Es nuestra postura que Estados Unidos no tiene la capacidad o autoridad de enviar al general Noriega a cualquier lugar que no sea Panamá", indicó.

En Panamá Noriega fue condenado en ausencia en al menos en cinco casos, incluyendo el homicidio del médico guerrillero Hugo Spadafora en 1985, el fusilamiento del mayor Moisés Giroldi y otros ocho militares que lo acompañaron en una rebelión en 1989 contra el general. Esas tres condenas suman 60 años de cárcel, aunque la pena máxima en Panamá es de 20 años.