BUENOS AIRES, 8 Jun. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
El Gobierno de Argentina pidió hoy a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que ordene a Uruguay la suspensión de la construcción de dos plantas productoras de celulosa en la ciudad de Fray Bentos por considerar que pueden provocar un daño irreversible en el medio ambiente.
La directora de la Consejería Legal de la Cancilleria argentina, Susana Ruiz Cerutti, fue la encargada de defender la postura de las autoridades argentinas durante la primera audiencia en el tribunal internacional. Luego será el turno de la delegación de Uruguay y mañana serán las réplicas de los dos países.
Tal como se había anunciado, el Gobierno de Argentina pidió que se suspendan por 90 días las obras de las empresas Botnia (Finlandia) y ENCE (España) porque podrían contaminar el Río Uruguay, cuya soberanía es compartida por los dos países.
El Gobierno argentino sostuvo en su presentación que el Uruguay
violó el tratado del Río Uruguaya, firmado por los dos países en 1975, por el cual se comprometieron a administrar en forma conjunta ese curso de agua.
Ruiz Cerutti se lamentó ante los jueces de La Haya de que Argentina haya tenido que recurrir por primera vez a la Corte Internacional de Justicia para "defender los derechos del país contra un Estado al que está vinculado por lazos históricos y de amistad".
"Es la primera vez que Argentina aparece ante la honorable Corte que nos da la posibilidad de defender nuestros derechos", dijo la diplomática, jefa de la delegación argentina, que expuso durante tres horas los argumentos de Argentina.
"En estos momentos en los que comparecemos ante la Corte, continúa la construcción de las dos fábricas de talla monumental al objeto de
convertirlas en hechos consumados", subrayó Cerutti.
El Gobiermo de Argentina espera que se suspendan las obras hasta que se realice un exhaustivo estudio de impacto ambiental de las plantas que estarán situadas a menos de seis kilómetros de la ciudad argentina de Gualeguaychú.
La titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente de Entre Ríos, Romina Picolotti, dijo que "este es un grito desesperado en defensa del río Uruguay". La sentencia del tribunal de Justicia de La Haya sobre la medida cautelar pedida por Argentina no tiene plazos, aunque se estima que podría conocerse en alrededor de dos meses.