BUENOS AIRES, 19 Dic. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
En la segunda audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el Gobierno uruguayo volvió a defender hoy la instalación de una planta de celulosa en su territorio, pese a que el Gobierno argentino sostiene que podría contaminar el río Uruguay, compartido entre ambos países.
"Si Uruguay debe poner fin al proyecto de Botnia para proteger su turismo y economía, será un daño irreparable. La Corte no puede aportar ningún remedio a esta situación. Si Botnia parte, la Corte no tiene poder de hacerla volver", dijo el abogado Alan Boyle, uno de los integrantes de la delegación uruguaya.
El Gobierno de Uruguay volvió a pedir hoy a la Corte que adopte medidas para que se suspendan los cortes de carreteras impuestos desde el lado argentino y que impiden el tráfico entre los pasos internacionales de ambos países.
El embajador en Francia, Héctor Gros Espiell, jefe de la delegación de Uruguay, indicó que "Uruguay solicita a la Corte que marque medidas cautelares, para que indique los derechos que han sido dañados por los bloqueos de los puentes fronterizos".
"Uruguay no viene a la Corte para protegerse de un daño económico; Uruguay viene a la Corte para proteger su derecho de construir la fábrica", insistió el abogado Boyle, al reiterar los argumentos que se habían difundido ayer, en la primera jornada de audiencias.
La instancia ante los magistrados internacionales tuvo su primer etapa ayer lunes donde una y otra parte hicieron sus descargos. Uruguay pide a la Corte adopte medidas de precaución para contrarrestar las acciones de los ambientalistas de Entre Ríos; mientras que Argentina entiende que esta solicitud oriental no se vincula con el litigio que sostienen ambos países en La Haya.