ASUNCIÓN, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Senado paraguayo aprobó este sábado la Ley de Estado de Excepción que se aplica a los departamentos del norte del país para ampliar los poderes de las fuerzas de seguridad y combatir a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), responsable del asesinato el miércoles de un policía y tres peones.
El Senado dio finalmente su aprobación por unanimidad al polémico proyecto promovido por el presidente Fernando Lugo, que durante los próximos 30 días tendrá la facultad de decretar detenciones sin orden judicial.
Los legisladores rechazaron la iniciativa presentada por Lugo pero aprobaron otra similar que afecta a los departamentos San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, una zona de producción ganadera y extensos cultivos ilícitos de marihuana.
En la práctica, la medida que era frecuentemente utilizada en la dictadura del general Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, dará más herramientas a las fuerzas de seguridad y simplificará los trámites judiciales
Lugo pidió al Congreso declarar el estado de excepción tras el asesinato el miércoles de un policía y tres peones de una hacienda que habrían sido emboscados por integrantes del EPP internados en el bosque, cuando buscaban ladrones de ganado. Los guerrilleros del EPP habrían sido entrenados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Los militares van a empezar a adentrarse en los montes con personal entrenado en un terreno que los delincuentes conocen muy bien (...). Tienen que caer todos", dijo en la sesión el senador Luis Alberto Wagner, aliado del Gobierno.
Sin embargo, partidos de izquierda y sindicatos ya han manifestado su rechazo a la instauración de la Ley de Excepción. El Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahura (MPRPP), la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Corriente Sindical Clasista (CSC) criticaron la medida en un comunicado en el que hacen un llamamiento al desacato.
Así, anuncian que no suspenderán sus actividades organizativas ni políticas e instan a sus afiliados y simpatizantes a realizar debates, asambleas en asentamientos, comunidades, escuelas, colegios y fábricas sobre la Ley de Excepción.
Además anunciaron que llevarán un registro de cualquier abuso de las fuerzas militares y policiales o de otras autoridades o personas involucradas durante este proceso.