ASUNCIÓN, 20 Ene. (Reuters/EP) -
La desaparición de 252 kilogramos de cocaína de una unidad policial en el norte de Paraguay, pocos días después de su incautación, ha puesto en evidencia la corrupción imperante en las fuerzas del orden, ya que se cree que varios oficiales habrían devuelto la droga a narcotraficantes, según ha denunciado este lunes el ministro del Interior, Francisco de Vargas.
La droga fue confiscada la semana pasada en un operativo en el que estuvieron involucrados dos concejales departamentales. Sin embargo, el cargamento desapareció el sábado de un depósito de la jefatura policial del departamento Amambay, a unos 500 kilómetros al norte de Asunción.
Tres suboficiales fueron detenidos e imputados en relación al caso y más de una decena de uniformados están siendo investigados, en un nuevo escándalo que afecta a la institución policial paraguaya, a menudo salpicada por casos de corrupción.
"Hubo una devolución de la droga que compromete directamente al personal policial (...), hay tres suboficiales directamente vinculados (...) Estamos trabajando para determinar hasta dónde llega la corrupción policial", ha declarado a los periodistas el ministro.
"No fue un rescate, fue una entrega (...) nosotros hubiésemos estado orgullosos si esto hubiera sido un rescate, bajo un enfrentamiento de las fuerzas policiales con grupos de narcotraficantes. Pero no ocurrió así. Esta droga fue entregada por uniformados", ha asegurado.
El departamento Amambay, en la frontera con Brasil, es una de las principales zonas de producción de marihuana del país y es considerado de tránsito para la cocaína producida por Bolivia, Perú y Colombia.
El jefe de policía del departamento y tres de sus colaboradores fueron destituidos tras el incidente y De Vargas ha explicado que los nuevos directores tienen instrucciones de cesar de su cargo a quienes tengan indicios de estar involucrados.
La cocaína fue sacada del depósito sin que las cerraduras sean forzadas ni las instalaciones violentadas. "Lo que ocurrió es gravísimo. Acá no se trata solamente del valor de la droga y la devolución para su comercialización. Este hecho está orientado a mover la estructura policial y el Ministerio del Interior hasta su más alto nivel", ha añadido De Vargas.
Las investigaciones sobre los vínculos entre grupos de narcotraficantes y autoridades locales en los departamentos del norte del país se intensificaron los últimos meses tras el asesinato del periodista Pablo Medina, quien fue acribillado junto a su asistente en su automóvil en un camino de la zona.
El crimen tiene como principal sospechoso a un alcalde al que Medina solía denunciar, que abandonó el cargo y huyó presuntamente a Brasil.