Actualizado 08/12/2009 05:33

Paraguay.- El Gobierno paraguayo indemniza en un acto a más de un centenar víctimas de la dictadura militar

ASUNCIÓN, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Paraguay entregó este lunes indemnizaciones económicas a decenas de víctimas que sufrieron las violaciones de los Derechos Humanos perpetradas durante la dictadura militar del general Alfredo Stroessner, vigente en el país iberoamericano entre los años 1954 y 1989.

El presidente paraguayo, Fernando Lugo, presidió este acto, en el que cada las 150 víctimas o familiares de fallecidos recibieron un total 13.000 millones de guaraníes (más de 1,8 millones de euros). La entrega tuvo lugar en el Ministerio de Hacienda y sirvió para avanzar en la política de revisión iniciada por Lugo desde su llegada al poder. Durante 2008 el Gobierno indemnizó a más de mil personas con 18 millones de dólares (12,1 millones de euros).

Estas cantidades fueron acordadas por el Congreso en 1994, pero tardaron años en aplicarse por la falta de presupuesto de las arcas públicas. La intención, según expresó el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, es que mediante este dinero se consiga "no borrar la memoria histórica del país", aunque entiende que en ningún caso sirve para paliar los daños ocasionados durante el régimen militar.

"A pesar de la crisis mundial sin precedentes y de la sequía severa que castigó a la economía, este Gobierno no ha escatimado esfuerzos y ha hecho lo posible para cumplir con su obligación con víctimas y herederos", afirmó Borda, en declaraciones recogidas por Prensa Latina.

ABUSOS MASIVOS

La oficina del Defensor del Pueblo paraguayo coordina la recogida de datos de las víctimas de la dictadura y estipula diferentes escalas de indemnizaciones. Se calcula que unas 15.000 personas esperan estas compensaciones por los abusos sufridos hace décadas o por los que padecieron sus parientes.

La ONG Verdad y Justicia sostiene que la dictadura exilió de Paraguay a 1,5 millones de ciudadanos, tanto por razones políticas como económicas. Durante esos años, las autoridades también detuvieron ilegalmente y asesinaron a 336 disidentes de quienes no se han localizado siquiera los restos.