Publicado 07/03/2018 23:31

El Parlamento pide la comparecencia de su presidente para explicar unas grabaciones comprometedoras

El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, José Serrano
ALBERTO ROMO / ASAMBLEA NACIONAL - Archivo

   MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Parlamento de Ecuador ha aprobado este miércoles solicitar la comparecencia de su presidente, José Serrano, y el fiscal general, Carlos Baca, para que expliquen una grabación publicada recientemente en la que el primero hablaba con el antiguo contralor Carlos Pólit, fugado de la justicia.

   La petición de comparecencia fue planteada la semana pasada, dos días después de que la grabación saliera a la luz, si bien la sesión fue aplazada y no llegó a votarse.

   En esta ocasión, la votación se ha saldado con unanimidad, después de rechazar una modificación del texto presentado la semana pasada reclamando la destitución de Serrano y la apertura de un juicio político contra Baca.

   Serrano reconoció a finales de febrero la veracidad de las grabaciones reveladas por Baca, en las que se le oía conversar con Pólit para tratar de lograr que el fiscal tuviera que abandonar su cargo.

   El presidente del Parlamento admitió que la conversación tuvo lugar en 2017 y pidió que la grabación sea estudiada por la Justicia y que se determinen "la fecha, las circunstancias y el propósito" con el que se realizó.

   Serrano trató de defender su actuación alegando que utilizó estas conversaciones con Pólit para conseguir información relevante respecto a varios casos de corrupción que están siendo investigados. De hecho, Pólit fue condenado a seis años de prisión en el marco del 'caso Odebrecht' y se mantiene huido de la Justicia.

   Por su parte, Pólit reconoció la llamada tuvo lugar "exactamente el 22 de noviembre de 2017" y se defendió afirmando que no conocía los acuerdos a los que se refirió Serrano.

   Baca alegó tras publicar la grabación que Baca el objetivo de estas conversaciones era urdir un complot en su contra, utilizando documentos falsos y la connivencia de otros funcionarios públicos para involucrarle en ilegalidades, con el objetivo de lograr que dejase el cargo y abandonase los casos de corrupción que está investigando.