MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) de Guatemala ha solicitado a la Corte Constitucional que anule la sentencia contra el ex dictador José Efraín Ríos Montt, según ha informado el diario 'Prensa Libre'.
A través de un comunicado, la patronal guatemalteca ha instado a la Corte Constitucional "a preservar la gobernabilidad y el futuro del país, con ocasión del fallo emitido por el Tribunal (de Mayor Riesgo)".
En su opinión, "las consideraciones del Tribunal evidencian que se ha hecho una calificación inadecuada de la figura del genocidio, puesto que no se ha demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo étnico particular".
"Es preciso recordar que la violencia ocurrida durante el conflicto armado, es producto de un insensato enfrentamiento en el que guatemaltecos de diversa condición se agredieron entre sí, sin particularizar procedencias étnicas, sociales o religiosas", ha dicho.
Además, ha denunciado "las graves faltas al debido proceso" apuntando a la vulneración de "la legítima defensa, los principios de inocencia y retroactividad de las leyes, y la desobediencia del Tribunal a las resoluciones de otras instancias judiciales".
El Cacif ha considerado que "este fallo abona la polarización y deja una percepción muy clara de que la justicia ha sido presa del conflicto ideológico, lo cual es sumamente preocupante por las graves consecuencias sobre el Sistema de Justicia de Guatemala".
En concreto, ha considerado "lamentable" la "intromisión y presión ejercida por personas y organizaciones extranjeras en un proceso judicial guatemalteco".
"Dados los recursos que están pendientes, queremos apelar al papel histórico que la Corte de Constitucionalidad ha desempeñado en fallos emblemáticos a favor del Estado de Derecho, para que se enmienden todas las anomalías", ha indicado.
LA CONDENA
El pasado viernes, el Tribunal de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión inconmutables por la muerte de 1.771 ixiles a manos del Ejército entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil guatemalteca (1960-1996).
La presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, declaró a Ríos Montt culpable de los cargos de genocidio, por el que cumplirá 50 años de cárcel, y de crímenes contra la Humanidad, con una condena de 30 años de prisión.
Barrios ha argumentado que resulta "inexplicable" que Ríos Montt permitiera la masacre indígena, concluyendo que su objetivo era "la desaparición física del área ixil" a través de "planes elaborados", no de "acciones espontáneas", como alegaba la defensa.
No obstante, el Tribunal de Mayor Riesgo decidió absolver al ex jefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez de ambos cargos al considerar que "no tuvo injerencia en el campo de operaciones".
PROCESO JUDICIAL
El juicio contra Ríos Montt arrancó el pasado 19 de marzo, pero un mes después fue anulado como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar la recusación contra la jueza instructora Carol Flores, lo que obligó a retrotraer hasta ese momento todas las actuaciones procesales.
Flores fue apartada del caso el 23 de noviembre de 2011 después de que la Sala Primera de Apelaciones admitiera la recusación presentada por la defensa del ex militar Héctor Mario López Fuentes, alegando que era parcial, pero el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) presentó un amparo.
El titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quedó a cargo de la instrucción del caso y, tras concluir con la misma, ordenó la apertura del juicio oral en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por Barrios.
Finalmente, el juicio se reanudó el pasado 30 de abril, después de que la Corte Constitucional se pronunciara en contra de la anulación y ordenara enviar de nuevo el expediente a Barrios para que siguiera con el proceso judicial.
DOS ERRES
Ríos Montt también responde por la matanza de Dos Erres, perpetrada el 7 de diciembre de 1982, en la que 201 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron a manos de un grupo de 17 'kaibiles' --miembros de las fuerzas de élite-- y 40 soldados.
Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.
Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).