LIMA, 12 Ene. (EP/AP) -
El presidente Alan García descartó el jueves que su Gobierno pretenda retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero sí dijo que se busca una rectificación de una sentencia de la corte.
La sentencia de ese organismo hemisférico, ordena al Estado peruano pagar indemnizaciones en favor de 41 presos terroristas de Sendero Luminoso muertos en 1992.
"Nadie ha planteado que el Perú se retire (de la CIDH)", afirmó García a periodistas. "Lo que vamos es a hacer valer todos los recursos jurídicos para que se rectifique este mal concepto según el cual, el Perú tiene que pagar tantos millones de soles y además rendir homenaje a personas (subversivas) que le hicieron tanto daño", agregó.
Mientras tanto, sigue en la polémica en Perú el tema de la sentencia de la CIDH, que ordenó al Gobierno a indemnizar a las víctimas, deudos y afectados de los hechos de violencia del penal Miguel Castro Castro, donde murieron 41 presos por terrorismo, y más de 150 quedaron heridos.
Los juristas y defensores de los derechos humanos aseguran que el Perú está obligado a acatar la sentencia por ser país firmante de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero las autoridades del Gobierno discrepan y han adelantado que se buscarán salidas legales para evitar cumplirla.
Las autoridades consideran inaceptable tener que indemnizar a las familias de los presos fallecidos, muchos de los cuales eran militantes de Sendero Luminoso, el grupo subversivo que asoló el país con una ola de violencia terrorista entre 1980 y los primeros años de la década del 90.
García reiteró sus críticas al Gobierno de su predecesor Alejandro Toledo por haber reconocido ante la CIDH que el Estado tuvo responsabilidad en los hechos de ese penal. García acusó a Toledo de descuidarse y no defender de la manera adecuada al país.
Toledo, desde Nicaragua, respondió a través de la radio Radioprogramas, que su Gobierno "no hizo nada más que respetar los derechos humanos, la libertad de expresión y la independencia de los poderes".
"Mis ministros actuaron dentro de la ley y del concepto del respeto de los derechos humanos, bajo mi instrucción y decisión", afirmó Toledo.
No obstante, García dijo que debió, por ejemplo, señalarse a la CIDH que pudo existir una violación de los derechos humanos, pero que las indemnizaciones deben ser pagadas por los responsables directos, y "en ningún caso por el pueblo del Perú".
Los incidentes en la prisión ocurrieron en mayo de 1992, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, quien actualmente se encuentra con libertad provisional en Santiago de Chile, mientras las autoridades judiciales chilenas evalúan la solicitud de extradición presentada por el Gobierno peruano.
La CIDH también ordenó a Perú que sus principales autoridades participen en un acto en el que se reconozca públicamente la responsabilidad del estado en los hechos del penal, pero funcionarios del Gobierno rechazaron tajantemente esa posibilidad.