LIMA, 23 Sep. (EP/AP) -
El presidente de Perú, Alan García, dijo el viernes que el Estado brindará defensa legal a los efectivos policiales y de las fuerzas armadas que se enfrentan a investigaciones o procesos judiciales por su actuación en la lucha contra la subversión en las décadas pasadas.
El anuncio no ha sentado bien a los activistas de derechos humanos, que consideran que con esta medida algunos casos de matanzas y torturas a civiles inocentes podrían quedar impunes.
"Ayer firmé un decreto que, creo, es de justicia total: el Estado se compromete a defender a todos aquellos soldados, marinos, aviadores y oficiales que sufren acusaciones, ya que es responsabilidad del Gobierno defender a aquellos a los que en algún momento envió a defender la patria", afirmó García.
El anuncio se llevó a cabo durante una ceremonia por el día de las fuerzas armadas, en el Cuartel General del Ejército, en donde García confirmó lo anunciado hace días por el ministro de Defensa, Allan Wagner.
"No vamos a dejar ni marginales, ni desasistidos a los que sufren condenas, procesos, inquisiciones, y muchas veces investigaciones que no acaban nunca y que mancillan su honor y destruyen sus carreras", prometió el jefe de estado, quien fue señalado como responsable político, aunque no penal, por los abusos militares cometidos durante su primer mandato (1985-90).
Por su parte, Luis Gonzáles Posada, presidente de la comisión de Defensa del Congreso, señaló que son más de 1.100 los efectivos del orden que enfrentan procesos o acusaciones relacionadas con su desempeño durante los años de lucha contra los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Sin embargo, los activistas de derechos humanos manifestaron su preocupación por las consecuencias que tendrá esa decisión del gobierno. "El estado también debe buscar garantizar que no se consagre la impunidad frente a hechos graves", sostuvo Francisco Soberón, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.