LIMA, 27 May. (Notimérica) -
15.731. Esa es la cifra total de personas desaparecidas entre los años 1980 y 2000 en Perú, un periodo que se vio marcado por una escalada de la violencia en el país iberoamericano.
16 años más tarde, el proyecto de Ley de Búsqueda de Personas desparecidas promete poner fin a la angustia de los familiares de las víctimas del terrorismo, que desconocen el paradero de sus seres queridos.
La norma fue aprobada este jueves por el Pleno del Congreso con 68 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. En segunda consulta, según informó la institución, se la exoneró de segunda votación por 63 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
Con esta iniciativa, impulsada por la Defensoría del Pueblo, "se busca que los restos de las personas desaparecidas a manos de las hordas terroristas puedan ser ubicados por sus familiares", tal y como destacó el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista Juan Carlos Eguren.
Según esta ley "de carácter humanitario", la búsqueda estará liderada y coordinada por el Ministerio de Justicia, así como por otras entidades "vinculadas al tema".
Hasta ahora, los familiares de las víctimas podían realizar esta búsqueda, pero requería una denuncia penal. Por ello, "muchos ciudadanos no lo hacen para protegerse y evitar peligros", aseguró.
"Lo que se persigue también es que se cumpla el rol del Estado, que no se ha dado hasta ahora. Este rol pendiente y esta deuda del tiene que ser corregida", agregó.
En cuanto a las medidas que se llevarán a cabo con su puesta en marcha, destaca la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, así como la ubicación de los llamados "sitios de entierros".
Además, en el plazo de 90 días, después de la entrada en vigor de la norma, se espera aprobar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual se financiará en base a los presupuestos de las entidades involucradas.
El trabajo para este proyecto de ley se inició en 2012, cuando la legisladora María Pérez Tello encabezaba la Comisión de Justicia. Según la política de Alianza Por el Gran Cambio (PPC-APP), en su fase inicial, uno de los principales problemas fue la falta de coordinación entre las instituciones, ya que "cada organismo actuaba por su cuenta y sin una medida conjunta interrelacionada".
Por su parte, el legislador y miembro de Acción Popular- Frente Amplio (AP-FA), Manuel Dammert Ego Aguirre, calificó de "muy importante" la propuesta, al tiempo que indicó que "se debe hablar no sólo de los sitios de entierro, sino también de aquellos lugares públicos en los cuales se habrían dado casos de torturas, asesinatos y hasta desapariciones de personas, muchas de ellas luchadores sociales".
PERIODO DE VIOLENCIA
Entre 1980 y 2000, Perú vivió el conflicto más sangriento de su historia. Conocido como el "periodo de violencia" o la "época del terrorismo", en el departamento de Ayacucho se inició en 1980 una escalada armada por parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, seguida del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, en 1985.
Como consecuencia de los atentados llevados a cabo en todo el territorio nacional por estos dos grupos y otros movimientos guerrilleros, cerca de 70.000 personas habrían fallecido en el fuego cruzado entre los terroristas y las fuerzas del Estado.
De acuerdo con estimaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de estas víctimas fueron campesinos (56 por ciento), de bajos ingresos (68 por ciento), quechuahablantes (75 por ciento) y de zonas rurales (79 por ciento).