LIMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno peruano declaró en emergencia su sistema penitenciario hasta el 31 de diciembre de 2012, "a fin de dictar medidas excepcionales y urgentes para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en las cárceles", alegando razones de interés nacional.
La medida está contenida en un decreto de emergencia publicado este jueves en el diario oficial 'El Peruano', reseñó la agencia estatal de noticias Andina.
El pasado sábado, 17 privados de libertad huyeron del penal de Challapalca, entre las poblaciones de Puno y Tacna (Sur). Este jueves se anunció la captura de los dos últimos que quedaban prófugos.
El decreto del Gobierno de Ollanta Humala autoriza al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a poner en marcha proyectos de inversión destinados a ampliar o crear cárceles; y estipula mecanismos de contratación de obras que permitan agilizar planes de inversión pública.
También declara de necesidad nacional y de ejecución prioritaria e inmediata la inversión privada en el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria y los servicios vinculados a seguridad, a través de asociaciones público privadas.
Además, se autoriza al INPE que realice las modificaciones presupuestarias necesarias hasta por casi 20 millones de soles (5,6 millones de euros), con cargo a su presupuesto institucional, para acciones como la convocatoria a procesos de admisión, formación y pago de remuneraciones de hasta mil nuevos servidores penitenciarios.
Parte de ese dinero se destinará a la prórroga de contrato de personal y el resto para la adquisición e instalación de equipos de comunicación y de seguridad.
El INPE también podrá realizar jornadas laborales especiales para los agentes de seguridad de los penales, las cuales podrán generar incentivos para el ingreso a la Carrera Especial Pública Penitenciaria.
La Defensoría del Pueblo de Perú, según reseñó el diario 'El Comercio' este lunes a propósito de la fuga de Challapalca, refirió en un informe de noviembre de 2010 que la sobrepoblación en las penitenciarías del país iba en aumento, así como la insuficiencia de trabajadores para mantener el orden y garantizar las condiciones de salud o de reinserción social de los internos.
En entrevista con el rotativo, el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría, José Ávila, resumió las carencias del sistema en: falta de seguridad en los penales, altos índices de corrupción y déficit en la capacidad carcelaria. "Se necesita ampliar el presupuesto para realizar estas y otras mejoras", señaló.