LIMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió este viernes a la justicia peruana que confirme su sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori, quien el pasado mes de abril fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad, al ser considerado responsable de la muerte de 25 personas.
La Corte Suprema comenzará a analizar a partir del próximo lunes, 23 de noviembre, el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Fujimori contra la sentencia que lo condenó por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro cometidos en los años 1991 y 1992, en el marco de las investigaciones de las masacres de Barrios Altos y la Cantuta, y por los hechos ocurridos en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
La FIDH enviará al ex magistrado español Antonio Doñate para que participe "como observador del juicio en apelación" que se extenderán hasta el 25 de noviembre, según informó el organismo en un comunicado.
"Es de suma importancia que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirme la sentencia dictada en contra de Fujimori hace poco más de seis meses, cumpliendo así con el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y garantizando la no repetición de estos crímenes", señala el texto.
En este sentido, la organización considera que la condena contra Fujimori constituye "un gran hito para la justicia, no solamente a nivel nacional (...) sino también a nivel internacional al dar una señal muy clara y eficaz a favor de la protección de los Derechos Humanos y en contra de la impunidad".
No obstante, la FIDH expresó su preocupación porque la decisión del Supremo se tomará en "un contexto donde algunas de las más altas autoridades peruanas intentan garantizar la impunidad de los militares autores de violaciones de Derechos Humanos y rechazan las acusaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos por los mismos".
Con estas afirmaciones el organismo hace clara alusión a las declaraciones del ministro peruano de Defensa, Rafael Rey, quien "pretendió pasar las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos contra miembros de las fuerzas de seguridad a la Justicia Militar".