MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal superior de Perú, Luis Landa, ha ordenado reabrir la causa contra el expresidente Alberto Fujimori y varios exministros sobre las esterilizaciones forzosas de cinco ciudadanas peruanas, según ha informado el diario local 'El Comercio'.
En julio de 2016, la fiscal Marcelita Gutiérrez archivó la denuncia penal contra Fujimori y los exministros de Salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga.
Además, Landa ha solicitado que en la acusación se incluya al exdirector del Programa Nacional de Planificación Familiar Jorge Parra Vergara, al exasesor del Ministerio de Salud Ulises Jorge Aguilar y al exdirector general de la Región Salud IV de Cajamarca Segundo Henry Aliaga.
De esta forma el fiscal superior Landa ha resuelto parte de la apelación presentada por Carlos Rivera, el abogado que representa a las víctimas de las esterilizaciones forzosas.
El fiscal superior también ha asegurado que los presuntos delitos atribuidos a Fujimori y sus exministros constituyen "una grave violación a los Derechos Humanos" y son "imprescriptibles", según 'El Comercio'.
El abogado del exmandatario, Miguel Pérez Arroyo, ha indicado que aún no ha sido notificado de la decisión de Landa. "Cuando tenga la notificación o la noticia formal, me pronunciaré", ha señalado.
Por su parte, el exministro de Salud Alejandro Aguinaga ha asegurado que afrontará la nueva causa "con la misma solvencia que siempre". "No es la primera vez que nos denuncian, tenemos siete archivamientos, aunque no he recibido ninguna resolución, pero cuando llegue la veremos", ha aseverado.
Durante la década de 1990, casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados durante un programa dirigido por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori para reducir la tasa de natalidad. El programa se centró en indígenas y habitantes pobres en áreas rurales del país.
Fujimori salió de prisión en diciembre a raíz del indulto concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por motivos humanitarios, un caso muy polémico tanto por la medida como por las denuncias de un pacto entre el mandatario y parte de la oposición para salvar su puesto en la moción de confianza celebrada días antes contra él.
El exdirigente fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.
La liberación del exmandatario conservador suscitó una profunda división política en Perú y dio lugar a protestas de miles de personas en la capital, Lima, y en otras ciudades del país.