LIMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Perú cerró definitivamente la investigación contra el presidente de este país, Alan García, y el vicepresidente, Luis Giampietri Rojas, por su presunta vinculación en la matanza de más de 200 presos ocurrida en tres cárceles peruanas en junio de 1986, tras archivar todos los documentos del proceso que se estaba siguiendo sobre esta causa.
El fiscal superior, Edgar Chirinos, señaló que con esta decisión se acoge a los argumentos expresados hace seis meses por el fiscal Mario Gonzáles, quien solicitó archivar este caso por carecer de pruebas para determinar la responsabilidad de García y Giampietri en este hecho ocurrido en los penales San Pedro (provincia de Lurigancho), San Juan Bautista (El Frontón) y Santa Bárbara (Callao).
De esta manera, Chirinos sostiene que no es posible demostrar que el mandatario peruano ordenó la tortura y el asesinato unos 200 reclusos, ni tampoco existen evidencias que comprueben que el actual vicepresidente estuviese al frente del comando que habría realizado ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, indicó que tampoco existen suficientes pruebas contra ex ministro del Interior, Agustín Mantilla, quien también imputado por este caso, reseñó el diario local 'La República'.
El fiscal superior alegó además que no existen declaraciones que culpen directamente a García y a Mantilla como los responsables de estos hechos, pues al parecer ninguno de los dos tenía dominio ni mando en los penales donde murieron los reclusos. No obstante, el presidente peruano comentó recientemente que por el caso del penal de El Frontón ha sido llamado a declarar 19 veces en los últimos 21 años.
Por su parte, el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, expresó que con está decisión "se está dando un velo de impunidad al proceso" pese a "todas las evidencias" que existen en contra de García, y señaló sólo falta por la opinión que deberá emitir la Corte Interamericana "dado que es un caso que se inició por orden del tribunal supranacional".
Entre el 18 y 19 de junio de 1986, durante el primer gobierno de García, más de 200 presos que pagaban condena por terrorismo fueron torturados y asesinados durante un operativo que se realizó tras varios motines que se produjeron en las prisiones de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. Los denunciantes señalan que Mantilla tanto Mantilla como Giampietri estuvieron al frente de los comandos ordenando las ejecuciones.
OFICIALES VINCULADOS
Por otro lado, el fiscal superior reconoció que existió un "exceso de uso de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad que intentaban controlar los altercados carcelarios y que efectivamente sí se produjeron ejecuciones extrajudiciales.
En este sentido, aseguró que la responsabilidad recae sobre 24 oficiales de Infantería de Marina y de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOES) y ordenó que un fiscal provincial les denuncie por homicidio calificado en agravio de los internos del penal.
El caso pasó ahora a manos de la Tercera Fiscalía Supranacional, a cargo del fiscal José Azañero, quien en los próximos días deberá formular la denuncia contra los 24 funcionarios.