LIMA, 30 Dic. (EP/AP) -
El presidente de Perú, Alan García expresó hoy su desacuerdo e indignación por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Gobierno peruano indemnizar a las víctimas del sangriento sofocamiento de un motín de presos terroristas en 1992.
El mandatario afirmó que participaba de la "indignación nacional" ante el fallo de la Corte, que llamó "desacertado", y señaló que efectuará un análisis "concienzudo" de la resolución --contenida en un expediente de 300 páginas-- antes de emitir un pronunciamiento oficial del Gobierno.
El 21 de diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, halló al Estado peruano responsable por los acontecimientos ocurridos en 1992 en el centro penal Miguel Castro Castro, donde murieron 41 internos, otros 175 resultaron heridos y 322 fueron supuestamente maltratados.
Los más altos líderes del grupo terrorista Sendero Luminoso que se encontraban presos resultaron muertos. La Corte ordenó a Perú indemnizar a las víctimas, y reconocerlos públicamente.
"Resulta indignante para la población que con una cierta facilidad de análisis un tribunal haya llegado a esta conclusión que lastima a Perú que fue víctima de la insania, de la forma diabólica de acción de esta secta (Sendero Luminoso)", dijo García en rueda de prensa en el Palacio de Gobierno.
Señaló que le llamaba la atención que la Corte Interamericana haya incurrido en algunos "excesos" al ordenar a Perú, por ejemplo, que las más altas autoridades reconocieran en un acto público la responsabilidad del estado en los hechos, y que se construya un monumento que tenga escritos los nombres de las víctimas.
"No cuenten conmigo para ir a eso (un acto público de reivindicación). De ninguna manera. Represento al pueblo de Perú y el pueblo de Perú de ninguna manera le rinde homenaje ni se disculpa ante una gente que desencadenó la peor carnicería de la historia de nuestra patria", manifestó.
En respuesta a quienes aseguran que a Perú no le queda más que acatar el fallo de la Corte, porque está sujeto a su jurisdicción, García dijo que existen instrumentos jurídicos para que el país "defienda su dignidad".
"Un tribunal cualquiera que sea puede condenar a la cárcel a alguien, puede condenar a pagar una cantidad de dinero, y eso es discutible, y lo discutiremos. No está cerrado el camino", afirmó, aclarando que ello no implica "romper" la jurisdicción internacional.
El presidente anunció que el Gobierno enviará un escrito a la Corte pidiendo "mayores precisiones y detalles de interpretación" de su sentencia, y que instruirá al Ministerio de Justicia para que plantee un proceso civil por daños y perjuicios contra Sendero Luminoso.
"Creo que sería una buena medida, así como ellos (los senderistas) están abriendo espacios internacionales, nosotros reclamarles a ellos --los vivos y los muertos-- cuánto le deben a Perú, y finalmente quién termina debiendo a quién", indicó.
Sendero Luminoso desató una ola de violencia terrorista en Perú entre 1980 y principios de los años 90, que ocasionó pérdidas materiales por unos 30.000 millones de dólares. La guerra interna contra la subversión tuvo un saldo de casi 70.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.