LIMA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El partido oficialista de Perú, Apra, anunció hoy que está considerando presentar una acusación constitucional contra el ex presidente de ese país, Alejandro Toledo, y contra el ex ministro de Justicia, Alejandro Tudela por el allanamiento de Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de muerte de presos terroristas, por el que Perú ha sido sentenciado a pagar una indemnización en favor de los internos subversivos de Sendero Luminoso, en el centro penitenciario Castro Castro en 1992.
El secretario general del Apra, Mauricio Mulder, y el portavoz de dicho partido, Javier Velásquez, anunciaron que Toledo y su ex ministro de Justicia, Alejandro Tudela, podrían ser acusados si se les halla responsables del allanamiento a la Corte Interamericana, que derivó en una sentencia cuestionada y considerada "indigna" por las autoridades. Velásquez añadió además que también denunciarán a los procuradores del Estado que avalaron el citado allanamiento, informa hoy la cadena de radio peruana 'RPP'.
"Los que debían defender los intereses del Estado no lo hicieron y esto ha generado una sentencia inaceptable para el país", dijo Velásquez, tras participar en una reunión de la comisión política del Apra con el presidente Alan García.
Mulder informó que han solicitado un informe al ministerio de Justicia que establezca las responsabilidades por el allanamiento en ese caso y en otros casos que se remontan incluso al Gobierno de transición del ex presidente fallecido Valentín Panigua (noviembre 2000-julio 2001).
El portavoz de la bancada aprista informó además de que están valorando la posibilidad de que Perú se retire del contencioso de la CIDH, a nivel del ejecutivo de Toledo, quien gobernó entre 2001 y 2006 porque este enfrenta también un proceso judicial por falsificación de firmas en su partido político en 1998.
La Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica, ordenó el 21 de diciembre pasado que Perú indemnice a las víctimas, deudos, y a las personas afectadas durante un incidente de violencia en el penal Miguel Castro Castro, en el que murieron 41 presos pertenecientes al grupo terrorista Sendero Luminoso en 1992.
En febrero del 2006, el Gobierno de Toledo se había allanado a la Corte al reconocer que se cometieron abusos a los derechos humanos en esos hechos.
El parlamentario explicó que los responsables de esta estrategia no acataron lo dispuesto en la Constitución peruana que establece que para acudir a organismos internacionales como la CIDH, se debe agotar las instancias nacionales.
Entre otras cosas, la Corte ordenó también que en un acto público el Estado reconozca su responsabilidad, además de que erija un monumento que lleve inscritos los nombres de los fallecidos.
Las autoridades y miembros del oficialismo han criticado esa sentencia por falta de sensibilidad.
Sendero Luminoso desató una ola de violencia que asoló Perú entre 1980 y principios de los 90, y ocasionó pérdidas materiales por unos 30.000 millones de dólares (23.024 millones de euros).
La guerra política interna generada entonces dejó casi 70.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Antonio García Belaunde dijo hoy que el Gobierno realiza actualmente una "reflexión profunda" sobre la decisión que tomará en torno al polémico fallo.
Según adelantó el presidente García, existe la posibilidad de encontrar mecanismos jurídicos para evitar tener que cumplir la sentencia, sin que ello implique desconocer la jurisdicción de la Corte.