WASHINGTON, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) calificó hoy de "acto de censura y castigo" la decisión del Gobierno peruano de anular la licencia de una emisora de radio local que había generado malestar entre las autorudades debido a su cobertura de las protestas indígenas del pasado 5 de junio.
El 8 de junio, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anuló la licencia de radiodifusión de Radio La Voz de Bagua. Otros medios de comunicación informaron de que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas Bustamante, y varios miembros de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el partido del presidente Alan García, habían acusado a la emisora de incitar a la violencia durante una protesta indígena en la ciudad de Bagua (norte) en la cual perdieron la vida 24 policías y al menos nueve civiles.
No obstante, según HRW, la resolución oficial de anulación no hace ninguna referencia a un supuesto apoyo o incitación a la violencia, sino que justifica la decisión en el incumplimiento por parte de la emisora de las obligaciones legales establecidas en la autorización inicial que obtuvo para prestar servicio de radiodifusión, la cual había sido emitida en marzo de 2007.
"Si existen efectivamente pruebas creíbles de que una estación de radio ha apoyado o incitado a la violencia, entonces los responsables deberían ser investigados y sancionados, con todas las garantías judiciales correspondientes", afirmó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. "Pero cerrar una radio de esta forma sin duda parece una represalia por una cobertura que al Gobierno no le gustó", añadió.
"El Gobierno tiene la facultad legítima de regular el espectro de radiodifusión en Perú", señaló Vivanco. "No obstante, si lo hace de un modo que parece limitar arbitrariamente el trabajo de una estación que informa sobre incidentes violentos ocurridos durante una manifestación contra el gobierno, puede vulnerar la libertad de expresión, en lugar de fomentarla", agregó.