Actualizado 02/12/2007 03:53

Perú.- La oposición peruana exige restablecer la Constitución anterior al Gobierno de Fujimori

LIMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Ollanta Humala, emplazó hoy al gobierno a derogar la Constitución neoliberal vigente, "por ser ilegal", y restablecer la vigencia de la Carta Magna nacionalista de 1979.

Según declaraciones recogidas por la agencia Prensa Latina, al fundamentar un pronunciamiento del PNP en tal sentido, Humala aseveró que la presente Constitución, aprobada en 1993, es "delincuencial y así lo ha establecido tácitamente la Corte Suprema".

El tribunal condenó recientemente a diversas penas a diez ex ministros del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), por haber participado en el "autogolpe" de estado de 1992, que dio paso a una asamblea constituyente, de la cual nació la Carta Magna presente.

Asimismo, agregó que también Fujimori será juzgado por el delito de rebelión al haber cerrado ilegalmente el Congreso, lo que confirmaba la ilegalidad de las decisiones posteriores al autogolpe y de la Constitución neoliberal vigente, informa la citada agencia.

Humala convocó al mismo tiempo al gobernante Partido Aprista a actuar junto al PNP en el Congreso para dar de baja a la Carta Magna, en cumplimiento de una promesa de la campaña electoral del actual presidente, Alan García.

"Ahora es el momento para definir si estamos por mantener o cambiar esta Constitución que, repito, es delincuencial, no democrática", manifestó.

El dirigente del PNP también remarcó que la carta fundamental actual "fue producto de un proceso abierto por un golpe de estado y fue ratificada por un referéndum fraudulento, y su objetivo fue consagrar el modelo neoliberal, como lo determina su capítulo económico".

"El texto cuestionado", anotó Humala, "permite exonerar de impuestos a las transnacionales e impide modificar ese privilegio, en contra de los intereses del país y de los derechos de los trabajadores".

El líder opositor planteó elaborar una nueva Constitución en un proceso con amplia participación de la ciudadanía, pues esta demanda la redistribución de la riqueza con equidad.