LIMA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno peruano decretó ayer el estado de emergencia en las zonas del país donde los indígenas protestan por lo que aseguran son violaciones de sus derechos, lo que podría terminar en una intervención de las Fuerzas Armadas, informaron los medios locales, recogidos por Europa Press.
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, aclaró que la medida en las provincias afectadas por las movilizaciones indígenas tiene el objetivo de "resguardar lugares estratégicos y fundamentales para la seguridad energética del Perú". El estado de emergencia regirá durante treinta días en las provincias de Bagua y Utcubamba (Amazonas), Datem del Marañón (Loreto) y el distrito de Echarate en la provincia de La Convención (Cusco).
En una conferencia de prensa, el primer ministro descartó que la decisión signifique una provocación a las comunidades nativas, que desde hace nueve días mantienen tomadas instalaciones petroleras y gasíferas. Como ejemplo, Del Castillo señaló que si los manifestantes tomaran el campamento gasífero de Camisea, la mitad del Perú quedaría a oscuras.
"Eso es lo que pasaría esta misma noche si lo hubiésemos permitido". "Afortunadamente las Fuerzas Armadas, en combinación con la Policía Nacional, ya aseguraron el campamento de Las Malvinas hoy mismo", agregó. Además, insistió en que la decisión del Poder Ejecutivo no pretende ofender a la población indígena, sino "resguardar a la mayoría de peruanos de las tomas ilegales que se han registrado".
Los indígenas exigen la derogación de un paquete de leyes que a su juicio vulneran sus derechos de propiedad en territorios que ocupan, y en cambio favorece a concesiones mineras, forestales y de hidrocarburos.