LIMA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia de Perú, Juan Federico Jiménez, ha señalado que el Gobierno ha restringido a las autoridades de la provincia de Espinar --en el departamento de Cuzco-- su acceso a los fondos públicos, según ha informado el diario peruano 'El Comercio'.
El Ejecutivo ha indicado que cree que se está utilizando este dinero para financiar las protestas contra la empresa minera Xtrata Tintaya. "Hemos pedido al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, que suspenda el flujo financiero de Espinar. Existe el riesgo de que los recursos del Estado estén siendo usados de manera incorrecta. Esta medida ya ha sido adoptada", ha asegurado Jiménez.
Asimismo, ha dicho que el traslado del alcalde del municipio de Espinar, Óscar Mollohuanca, de Cuzco a Ica se ha debido a las presiones sobre el Poder Judicial ejercidas por los manifestantes. Alrededor de 500 personas se concentraron el jueves ante la sede del Poder Judicial para solicitar su liberación y amenazaron con convocar un paro regional en caso de que no sea excarcelado.
"Lo que está ocurriendo en realidad son actos de coacción contra la autoridad que no podemos permitir. El Poder Judicial tomó la decisión de extender la competencias de los juzgado de Ica y Lambayeque, porque no existe garantías (en Cuzco y Cajamarca) para un juicio justo", ha agregado.
"Está detenido por una orden judicial, no por una orden del Ejecutivo. Existe una democracia en la que se respeta la independencia de los poderes", ha apostillado.
Las autoridades regionales acusan a la minera Xtrata Tintaya de contaminar los ríos Salado y Cañipía y exigen un estudio ambiental en ambos. Asimismo, piden el aumento del tres por ciento al 30 por ciento del aporte voluntario.
En los enfrentamientos de este lunes, que estallaron cuando los mineros y residentes intentaron tomar el campamento de la mina, se saldaron con la muerte de cuatro civiles y más de 70 heridos entre agentes de las fuerzas de seguridad y manifestantes.
En respuesta, el Gobierno declaró a última hora del lunes el estado de emergencia en Espinar en un intento de frenar la violencia. La medida, que estará en vigor durante los próximos 30 días, implica la suspensión del derecho de reunión y libre tránsito en la zona y otorga a la Policía Nacional el control del orden en la localidad.
El ministro de Medio Ambiente de Perú, Manuel Pulgar, fue designado el miércoles como presidente de la comisión de diálogo que deberá atender las demandas de la población de Espinar. En la comisión estarán también el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, y el titular de la cartera de Vivienda, René Cortejo.
Sin embargo, el consejero regional de Espinar, Florentino Huanque, ha señalado que Mollohuanca y los dirigentes sociales son lo únicos interlocutores válidos en el conflicto, por lo que ha tildado de "ilegítimo" que la negociación siga adelante sin ellos.