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LIMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El tribunal que juzga el caso de los 'diarios chicha' ha llamado la atención al ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) por mirar a la prensa durante la sesión del juicio que se ha celebrado este jueves.
La presidenta del tribunal, Aissa Mendoza, ha abroncado al ex jefe de Estado porque, nada más empezar la sesión, ha girado su silla para ver mejor a los medios de la comunicación que estaban cubriéndola, dando la espalda al tribunal.
"Señor Fujimori, manténgase mirando al colegiado ¿Puede darse la vuelta y no mirar a la parte posterior, como está haciendo? Le estamos pidiendo que se mantenga como corresponde", ha dicho, en declaraciones recogidas por el diario 'Perú21'.
La sesión ha durado apenas diez minutos porque ha tenido que suspenderse debido a la ausencia de uno de los miembros del tribunal, según la prensa peruana, a causa de la huelga encubierta que hay en la Corte Superior de Justicia de Lima por el presupuesto del próximo año.
Así, el tribunal ha pospuesto la sesión al 14 de noviembre. "Lo lamentamos porque esto dilata el proceso, pero es absolutamente necesario porque, si no ocurriese, probablemente se quebraría el juicio", ha explicado el fiscal anticorrupción Julio Arbizu.
Desde el 17 de octubre, Fujimori está siendo juzgado por desviar 122 millones de nuevos soles (32,8 millones de euros) del erario público para sobornar a los grandes medios de comunicación peruanos con el fin de que apoyaran su tercera reelección.
En 2005, la justicia peruana ya juzgó y condenó a un total de 29 altos cargos del Gobierno de Fujimori, incluido su ex jefe de Inteligencia, el ex general Vladimiro Montesinos, por el caso de los 'diarios chicha', pero no pudo probar la implicación directa del ex mandatario.
"Ahora, hay pruebas que permiten establecer claramente su responsabilidad en el delito de peculado. Así lo han corroborado en múltiples declaraciones los interrogados en el proceso judicial anterior", explicó Arbizu antes de que arrancara el juicio.
La Procuraduría y la Fiscalía Anticorrupción han pedido que Fujimori sea condenado a ocho años de cárcel, la máxima pena por este delito, y a pagar una multa en concepto de responsabilidad civil, pero no se han puesto de acuerdo en la cantidad.
La posibilidad de juzgar al ex mandatario por el caso de los 'diarios chicha' se planteó, tras ocho años de 'impasse' judicial, el 14 de noviembre de 2012, cuando la Corte Suprema de Chile decidió ampliar su extradición a Perú.
La justicia peruana no podía juzgar a Fujimori por malversación de fondos públicos si no lo autorizaba la Corte Suprema de Chile, ya que solo había autorizado extradición con la condición de que fuera juzgado por los crímenes cometidos durante su Gobierno.
Sobre Fujimori pesan varias condenas, aunque la más importante es la de 25 años de cárcel dictada en abril de 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por el secuestro de un empresario y un periodista. Los hechos ocurrieron en la década de 1990, cuando su Gobierno emprendió una lucha contra Sendero Luminoso.
SIN INDULTO HUMANITARIO
El pasado 10 de octubre, los cuatro hijo de Fujimori --Keiko, Kenji, Sachi e Hiro-- presentaron ante el Ministerio de Justicia una solicitud de indulto humanitario, adjuntando la historia clínica de su padre para acreditar la gravedad de su estado de salud.
En los últimos años, Fujimori se ha sometido a un total de cinco intervenciones quirúrgicas para combatir el cáncer de lengua, la última de ellas fue el 21 de agosto de 2012, aunque apenas un mes después tuvo que ser hospitalizado por problemas de cicatrización.
Para verificar su estado de salud, se creó una Junta Médica, que fue objeto de controversia por sus miembros, que determinó que el ex dirigente había superado el cáncer de lengua, pero que padecía una depresión severa, entre otras dolencias propias de su edad, 75 años.
Finalmente, el pasado 7 de junio la Comisión de Gracias Presidenciales presentó su informe sobre el caso, recomendando al presidente peruano, Ollanta Humala, que denegara el indulto humanitario, basándose en razones jurídicas.