CARACAS (Reuters/EP) - La mayoría de las 19 empresas petroleras que buscan participar en el Proyecto Carabobo para explotar crudo pesado en Venezuela están conformando consorcios para optar por alguna de las tres áreas ofertadas en la Faja Petrolífera del Orinoco, según fuentes de la industria.
El Proyecto Carabobo pretende construir tres mejoradores de crudo para procesar el depósito ubicado en el oriente del país y producir unos 200.000 barriles por día, con una inversión estimada de entre 10.000 millones y 20.000 millones de dólares por área.
Las posibles asociaciones se están discutiendo, pero no se han concretado, dijeron en días recientes a Reuters fuentes gubernamentales y de empresas con conocimientos del proceso.
Una de las asociaciones que se está discutiendo sería entre la estatal China Nacional Petroleum Corporation (CNPC) y la francesa Total y otro entre las chinas CNPC y Sinopec.
La estadounidense Chevron estaría evaluando la posibilidad de asociarse con una empresa nacional, lo cual restringe las opciones a Suelopetrol, la única venezolana que se inscribió en el proceso.
Otros consorcios podrían admitir más de dos socios. Uno entre la española Repsol, la colombiana Ecopetrol y la malasia Petronas; y otro entre la portuguesa Galp Energia, la brasileña Petrobras y la noruega Statoil.
El Ministerio de Energía no ha publicado las bases finales de selección y el modelo de contrato de empresa mixta que había ofrecido para el 24 de junio, lo que ha retrasado la presentación de los consorcios, las áreas de interés y la documentación básica exigida por el Gobierno.
Las inversiones para cada área están siendo reevaluadas y estarán sujetas al costo de la construcción del mejorador -que podría oscilar entre 6.000 y 7.000 millones de dólares-, la tecnología que se utilice para lograr el factor de recobro del 20 por ciento que exige el país, el cálculo de intereses y los impuestos, que se espera sean flexibilizados.
El bono mínimo para participar en cada una de las áreas fue fijada por el ministerio entre 500 y 1.000 millones de dólares. Este monto será luego reconocido como parte de las inversiones exigidas.
(Por Marianna Párraga, editado por Javier Leira)