CIUDAD DE MÉXICO, 30 Ago. (Notimérica) -
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, informó este lunes de que las investigaciones del caso Iguala sobre la desaparición de 43 estudiantes no están cerradas.
En el marco de la IX Reunión Plenaria de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gómez presentó el informe sobre los avances en las diligencias que se han realizado durante casi dos años de los hechos ocurridos que "lastiman a la sociedad y a las instituciones", según Gómez y tal y como recoge 'Animal Político'.
"El caso de Iguala no está cerrado, no hemos terminado nuestro trabajo. Como lo ha ordenado el presidente Enrique Peña Nieto, seguiremos trabajando hasta llevar a la Justicia a todos los responsables", señaló Gómez.
En este sentido, Gómez añadió que hasta el momento se ha consignado a 168 personas, de las cuales 54 son policías de Iguala y 19 de Cocula, mientras que el resto son cómplices o asociados al grupo delictivo Guerreros Unidos.
Gómez expuso que "fueron realizados 20 allanamientos de morada y 897 declaraciones ministeriales, 1678 intervenciones en materia criminalística de campo, fotografía, antropología y química forense".
Ante los legisladores, expuso que la PGR junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda elaboraron un proyecto de Iniciativa en materia de Extinción de Dominio, cuyo objetivo es modernizar y adaptar la figura a las circunstancias y exigencias actuales.
"Se han atendido con pulcritud las observaciones que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)", aseguró, y reconoció los esfuerzos internacionales que se sumaron para esclarecer estos hechos.
POLÉMICA SALIDA DEL GIEI
El pasado mes de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) apuntó al Gobierno de Enrique Peña Nieto de obstruir el caso Iguala, ya que este decidió no prorrogar la investigación que no ha logrado establecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
En el informe del GIEI, los expertos denunciaron obstáculos tales como la imposición de volver a entrevistar a los detenidos ni obtener declaraciones de líderes políticos ni de ex altos funcionarios, además de asegurar que la PGR no ahondó en las líneas de investigación propuestas.
Esta situación creó malestar en el Gobierno que accedió a iniciar una nueva fase en la investigación el pasado mes de noviembre. Sin embargo, esto marchó bien solo durante los primeros dos primeros meses ya que se frenó de nuevo en enero de este año debido a un numero de diligencias.
En tanto, cuando se van a cumplir dos años de la desaparición de los estudiantes de la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa --la madrugada del 26 de septiembre--, el caso vuelve a reabrirse con el objetivo de buscar nuevas pistas que les lleven a los desaparecidos.