BUENOS AIRES, 4 Mar. (Notimérica) -
El Gobierno de Argentina ha difundido este miércoles una polémica 'propaganda', es decir, un anuncio comprado en diversos medios de comunicación, en la que acusan al fallecido fiscal Alberto Nisman de haber buscado un supuesto "efecto político desestabilizador" con su denuncia en la que involucraba a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de encubrimiento en el atentado contra la AMIA.
"¿Qué objetivos perseguía el Fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico? ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar generar un efecto político desestabilizador?", según establece el documento que firma el "Gobierno de la República Argentina" y han publicado los medios nacionales argentinos.
Así, el Gobierno ha hecho público el fallo del juez Daniel Rafecas, en el que desestimó la denuncia de Nisman, en una intromisión del poder ejecutivo sobre el judicial. Aunque días atrás, Fernández de Kirchner ya había publicado en su página web la resolución completa del magistrado, a la que se refirió como "un dictamen extenso y minucioso".
La 'solicitada' hecha pública este miércoles, bajo el título "Compromiso, verdad y justicia", considera la decisión de Rafecas de "gravedad institucional y política". El texto, dirigido "al pueblo argentino y toda la comunidad internacional", destaca pasajes del fallo del juez y retoma la hipótesis oficial sobre Nisman, que sostuvo dos posturas opuestas y contradictorias sobre la causa AMIA, y señala que "el juez Rafecas resaltó la falta de coherencia e integración de Nisman".
El texto también respalda el acuerdo firmado entre Argentina con Irán, que impulsó Fernández de Kirchner: "En este contexto, sólo es posible ratificar el camino trazado por el poder ejecutivo y el Congreso Nacional a través del Memorándum de Entendimiento, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público. Esa situación, pondría al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral en un tercer estado".
En la 'solicitada', el Gobierno nacional dispara una vez más contra el poder judicial, que, asegura, queda "bajo la lupa" en el juicio por la causa AMIA. Por último, pide "se escuche a las víctimas del atentado y sus familiares, a quienes todos dicen representar, pero pocos realmente prestan atención".
EL CASO AMIA
Nisman era el fiscal en la investigación del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 se llevó la vida de 85 personas. En un escrito de 300 páginas, Nisman señaló a Fernández de Kirchner y al canciller argentino, Héctor Timerman, entre otros cargos públicos, como autores y cómplices de encubrimiento agravado de los sospechosos iraníes, así como de otros delitos conexos, como obstrucción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tras la muerte del ex presidente Kirchner, en octubre de 2010, las relaciones comerciales entre Irán y Argentina comenzaron a resurgir. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner negoció durante dos años con Irán la firma de un Memorándum de Entendimiento para lograr el avance de la causa, pero todas las negociaciones se dieron a espaldas de Nisman, el hombre que debía interrogar a los sospechosos iraníes.
A medida que trascendía información del polémico Memorándum, Nisman se fue alejando de la presidenta, hasta el punto de que mientras el Gobierno defendía su política hacia Teherán, presentó un dictamen en mayo de 2013 en el que acusó a Irán de infiltrarse en países de América Latina para fomentar actos terroristas.
A principios de enero, a dos años de la firma del Memorándum entre Argentina e Irán, el fiscal afirmó que la presidenta y el canciller argentinos acordaron "la impunidad de Irán" antes de la firma del tratado de cooperación con el país asiático para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA. Pero horas antes de su declaración ante el Congreso para ampliar su acusación a la presidenta apareció muerto en su apartamento, con un disparo en la cabeza.