Por Jorge A. Otaola
BUENOS AIRES (Reuters/EP) - La presidenta argentina, Cristina Fernández, convocó el jueves a un amplio diálogo político, a casi dos semanas de una dura derrota electoral de medio término, defendiendo su gestión con datos macroeconómicos como un fuerte superávit comercial en la primera mitad del año.
La mandataria sostuvo con tono tranquilo y poco usual, durante un acto público en la norteña provincia de Tucumán por la celebración del Día de la Independencia, que hay tres ejes básicos para el futuro inmediato del país: economía, democracia y sociedad.
"Debemos iniciar una nueva etapa todos los argentinos (...) convocando al más amplio diálogo, a todos los sectores de la vida nacional", propuso Fernández, al tiempo que aventuró una reforma política con aval legislativo.
"Estamos en inmejorables condiciones para hacerlo", agregó, para subrayar que se debe "tener la amplitud de convocar y escuchar a todos".
Inmediatamente parte de la oposición, junto a dirigentes agropecuarios e industriales, celebró el llamado, aunque algunos de estos sectores se pronunciaron cautos a la espera de saber cuáles serán las condiciones.
Representantes políticos fortalecidos con los resultados electorales del 28 de junio coincidieron en que el Congreso debería ser seno del diálogo propuesto, el que ha fracasado en otras oportunidades de la historia reciente.
Para Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), el llamado presidencial "es el camino correcto, es lo que hace falta, es un buen síntoma político y un gesto para valorar, pero igual hay muchos interrogantes para saber cómo y cúando será ese diálogo".
El Gobierno mantiene un enfrentamiento con productores del agro por un impuesto a las exportaciones de granos, que el año pasado llevó a bloqueos de carreteras y desabastecimiento de productos por masivas protestas ciudadanas.
La imagen presidencial ha caído desde su asunción en diciembre del 2007.
MOVIDA OFICIAL
La presidenta realizó en estas últimas dos semanas cambios en su gabinete, que a criterio de analistas no son suficientes como respuesta al mensaje de las urnas.
El miércoles asumieron, entre otros, el nuevo ministro de Economía, Amado Boudou, quien dejó el ente público de pensiones, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien abandonó el Ministerio de Justicia.
Fuentes del Gobierno dijeron que la presidenta, y su influyente esposo y ex presidente Néstor Kirchner, buscarán masificar la comunicación de sus actos a más de dos años de que concluya el mandato.
Los reclamos de la oposición crecen para lograr un cambio de rumbo en las políticas públicas y del estilo de Gobierno.
Agentes económicos esperaban cambios más profundos en el gabinete, como la partida del polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien está acusado de manipular las estadísticas públicas para "esconder" una elevada inflación y una caída de la economía.
Tras la reciente derrota en las elecciones legislativas, el oficialismo perderá la mayoría en el Congreso con el recambio de bancas en diciembre.
ECONOMIA
El superávit comercial de Argentina trepó un 85 por ciento en el primer semestre del 2009 contra igual período del año previo, adelantó Fernández, por la política alentada desde su Gobierno en medio de la crisis global.
La balanza comercial arrojó un saldo de 9.861 millones de dólares entre enero y junio, contra los 5.332 millones de ese lapso en el 2008.
Con el aval del Banco Central, el peso argentino acumula una depreciación del 9,5 por ciento en el 2009, con lo que se busca alentar las exportaciones y mantener la competitividad de la moneda local mediante la sustitución de importaciones.
La presidenta, alabando al saliente titular del Palacio de Hacienda, Carlos Fernández, remarcó que Argentina logró reducir recientemente su deuda externa en 9.313 millones de dólares a 136.662 millones, como consecuencia de canje y reestructuración de bonos por otros a más largo plazo.
Argentina tiene cerrado los mercados externos de créditos desde que en el 2002 se declaró en cesación de pago y en el 2005 dejó incumplidos unos 30.000 millones de dólares en poder de bonistas que no aceptaron una gigantesca reprogramación liderada por entonces desde la gestión de Kirchner.