MONTEVIDEO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, le ha asegurado a la cúpula de su partido Frente Amplio que traspasará la presidencia rotatoria del Mercosur a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Una postura contraria a la Organización de Estados Americanos (OEA) dirigida por el excanciller, Luis Almagro, que pidió aplicar formalmente la Carta Democrática.
Según ha informado el diario uruguayo 'El País', este comentario se realizó al finalizar la reunión de Vázquez con su gabinete para abordar cambios al ajuste fiscal, el periódico ha citado fuentes participantes en el encuentro.
El presidente trasmitió en dicha reunión que la posición asumida por Uruguay junto a Argentina, Colombia y Chile es diferente a la propuesta de aplicar la Carta Democrática del secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo que podría suspender la presidencia rotatoria de Venezuela.
Vázquez ha dejado claro que se realizará el traspaso de la presidencia del Mercosur a Venezuela prevista para fines de julio. En los últimos días, Paraguay había pedido a Uruguay convocar una reunión de cancilleres en Montevideo para dejar en suspenso la entrega de la presidencia a Maduro debido a la crisis en ese país. "El camino es el diálogo y eso es lo que impulsa Uruguay", ha afirmado Vázquez, según fuentes del medio.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, José Bayardi, ha confirmado que el Gobierno uruguayo ha marcado distancia con respecto a Almagro. "Hay violentos conflictos, pero no hay quiebre de la institucionalidad democrática", lo que activaría el artículo 20 de la Carta Democrática "es la ruptura de la institucionalidad y eso no se está produciendo, por lo tanto no corresponde ese paso", ha apuntado Bayardi.
Almagro realizó esta semana una solicitud formal al presidente del Consejo Permanente de la OEA para celebrar una sesión extraordinaria entre el 10 y el 20 de junio, "conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática".
Este precepto establece que, "en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático (...) se podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente".
El Consejo Permanente podrá realizar las "gestiones diplomáticas necesarias" para recuperar "la institucionalidad democrática", pero, si estas resultaran infructuosas o la urgencia del caso lo requiere podrá convocarse a la Asamblea General "para que adopte las decisiones que estime apropiadas".