CIUDAD DE GUATEMALA, 19 Sep. (Notimérica) -
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordan Rodas, ha solicitado a la Corte de Constitucionalidad (CC) que procese al presidente Jimmy Morales y a la canciller Sandra Jovel por no permitir el regreso al país del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CC aprobó el domingo por unanimidad un amparo provisional que permite al titular de la CICIG, Iván Velasquez, regresar a Guatemala. Es este amparo el que el presidente no ha respetado, de acuerdo con las denuncias de Rodas.
"Estamos solicitando que al establecerse el incumplimiento de la resolución que otorgó el amparo provisional se ordene la remoción del ministro de gobernación Enrique Degenhart, así como de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel (...) y se "ordene el encausamiento contra el presidente de la República (Jimmy Morales) y el ministro de la gobernación y la ministra de Relaciones Exteriores", indicó Rodas, consigna la cuenta de Twitter de la Institución del Procurador.
"Solicitamos a la honorable Corte de Constitucionalidad dejar sin efecto la decisión adoptada por el presidente de la República al desconocer al hoy comisionado (Velásquez de la CICIG), dejar sin efecto la nota diplomática girada por la ministra de Relaciones Exteriores al secretario general de las Naciones Unidas donde requirió una nómina de candidatos para el cargo de comisionado de la Comisión", afirmó Rodas.
RELACIÓN ENTRE MORALES Y VELASQUEZ
Velasquez fue declarado persona non grata el año pasado después de que el hijo y el hermano del presidente fueran acusados de corrupción por el Ministerio Público.
Morales ha pedido desde entonces al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que sustituya a Velasquez por considerar que miembros de la CICIG son responsables de violar las leyes, emprender una persecución penal selectiva y sembrar el terror judicial.
Así, hace dos semanas, aprovechando que Velásquez se encontraba de viaje en Washington, el Gobierno de Morales decidió declarar al comisionado de la CICIG como una "amenaza para la seguridad y la estabilidad del país" centroamericano, prohibiendo su entrada en territorio guatemalteco y exigiendo que fuera sustituido en el cargo.