BOGOTÁ, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La viceprocuradora general de Colombia, Martha Isabel Castañeda Monroy, ha presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional una petición para que se anule el pacto alcanzado entre las delegaciones del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el que se elevará el estatus del acuerdo final de paz, de manera que este quede blindado.
El ex procurador general, Alejandro Ordóñez, ya presentó una demanda similar el pasado mes de julio para solicitar que se anulen los puntos que establecen que el acuerdo servirá "para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final", así como para "asegurar su cumplimiento, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al Derecho Internacional".
Castañeda, actualmente responsable de la institución ante la ausencia de que se nombre a un nuevo procurador general tras la salida de Ordóñez, asegura que es inconstitucional el "procedimiento exprés" que aprobó el Congreso para tramitar en el menor número de debates las leyes necesarias para aprobar el acuerdo, tal y como ha informado la emisora Caracol Radio.
Si bien el acuerdo no quedó ratificado en las urnas el pasado 2 de octubre, cuando el 50,2 por ciento de los colombianos optó por no respaldar el texto sellado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la procuradora considera que el acto legislativo da vía libre a normas que son contrarias a la Constitución.
Así, la principal preocupación de Castañeda es que, en caso de que se modifiquen los acuerdos y estos se ratifiquen en una nueva consulta popular, se active el citado acto, ya que no existe "un plazo de expiración como efecto de un eventual rechazo popular al acuerdo final".
El pasado 12 de mayo, las dos delegaciones anunciaron el acuerdo alcanzado para aprobar el Acto Legislativo para la Paz, un texto que incluye elevar la categoría del acuerdo a nivel especial y blindar de forma jurídica lo que se pacte con la guerrilla.
El Ministerio Público también ha criticado las facultades que ostenta el presidente, Juan Manuel Santos, para emitir decretos.