SAN SALVADOR, 28 Dic. (EP/AP) -
Los restos de 41 campesinos asesinados por el ejército durante la guerra civil en la década de los años 80 fueron enterrados el hoy en la localidad salvadoreña de Los Linares, a unos 75 kilómetros al este de la capital.
"El objetivo es devolverles la dignidad a las víctimas y darles cristiana sepultura", dijo la directora de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, María Julia Hernández, durante los actos fúnebres en el caserío Los Linares.
Hernández explicó que a petición de los familiares los restos fueron exhumados en noviembre de 2004 y entregados recientemente a Tutela Legal. Desde el 22 de diciembre fueron velados por sus familiares y las comunidades de la zona antes del entierro masivo.
La muerte de estos campesinos es conocida como "la Masacre de la Quesera", donde según investigaciones de Tutela Legal los militares asesinaron a unas 50 personas que vivían en varios caseríos de la región.
"Entraron con todo, su misión era terminar con toda la gente. Mataron hasta las gallinas, las vacas, quemaron las casas, pocos nos salvamos", recordó Alejandro Pineda, un hombre de 75 años que no pudo evitar que las lágrimas recorrieran su curtido rostro al recordar la muerte de familiares y amigos.
Explicó que los militares consideraban que todos los que vivían en esa zona eran guerrilleros o que colaboraban con la guerrilla y "entraron por todos lados, pasaron ejecutando a sus víctimas casa por casa".
Concepción Durán, de 62 años, indicó que "en la masacre quedaron mis dos hijos, dos hermanas... fueron 18 familiares los que me mataron", afirmó.
En lugar había cajas con los nombres de María Amparo, Melba, Joaquín, Juana Francisca, Raúl, Jesús, Hilda y Lucio, todos de apellido Durán.
La mujer relató con detalles como logró evadir las balas de los militares y salvó a dos niñas y dos niños que cuidaba cuando se inició el mortal ataque de las fuerzas elites del Ejército.
"Fuimos atrapados por los batallones y nos ametrallaron. A mi mujer y mis (tres) hijos los capturaron y los ejecutaron", manifestó José Felícito Pineda Castillo, de 68 años, mientras mostraba una pequeñas cajas de madera donde estaban depositados los restos de sus familiares.
Pineda dijo que cuando los militares se fueron "dejaron cadáveres destrozados por las balas, es un cuadro que no quiero recordar".
"Fuimos encontrando nuestros muertos y lo que hicimos fue recogerlos de cada una de las casas e irlas enterrando en fosas comunes, otros lograron identificarlas y ponerles una cruz", agregó.
Según Tutela Legal, las víctimas capturadas por los militares "fueron objeto de ataques a su vida e integridad, perpetrando los agresores numerosos actos de tortura, violaciones sexuales contra mujeres y la ejecución arbitraria masiva de 500 personas".
Tutela legal ha individualizado, hasta la fecha, un número mínimo de 375 víctimas de la masacre. Algunos de los familiares dijeron que si les ayudan, estarían dispuestos a emprender una acción legal, pese a que tras la firma de los acuerdos de paz salvadoreños de 1992, se decretó una ley de amnistía general.
La ley fue aprobada en 1993, un año después de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra, durante los cuales murieron más de 75.000 muertos, se registraron 8.000 desaparecidos y 12.000 presos políticos.