MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha responsabilizado este lunes al Estado de El Salvador de las matanzas perpetradas en 1981 por el Ejército en el municipio de El Mozote, en las que murieron unas 1.000 personas, incluidos niños.
Los hechos ocurrieron entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, cuando el Ejército irrumpió en siete localidades de El Mozote y sus alrededores, en el norte del departamento de Morazán, noreste de El Salvador, y acabó con la vida de un millar de civiles.
Además, el alto tribunal señala que, una vez perpetrada las masacres, los supervivientes y los familiares de las víctimas de las mismas sufrieron numerosas violaciones de los Derechos Humanos a manos de los militares salvadoreños.
La CoIDH subraya que "dichas matanzas ocurrieron en el marco de un plan sistemático de represión al que fueron sometidos determinados sectores de la población durante el conflicto armado por el que atravesó El Salvador entre 1980 a 1991".
El organismo regional ha recordado que la guerra civil llegó a su fin gracias al acuerdo de paz firmado el 16 de enero de 1992 por el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), bajo el auspicio de Naciones Unidas.
La CoIDH ha destacado que el acuerdo de paz contemplaba, además del cese de las hostilidades, la creación de una Comisión de la Verdad "para esclarecer y superar la impunidad", cuyas recomendaciones las partes se comprometieron a respetar.
No obstante, tras la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, un año después, que recomendaba sancionar a los responsables de las matanzas y reparar a las víctimas y a sus familias, el Gobierno promulgó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que benefició "a todas las personas que hubiesen participado en hechos de violencia durante el conflicto armado".
Por ello, el alto tribunal ha considerado que "la obligación de investigar estos hechos persiste para el Estado, hasta que se realice un juzgamiento adecuado y, en su caso, se sancione a todos los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos documentadas en este caso".
Además, la CoIDH ha declarado responsable al Estado por la violación de los derechos a la vida y a la integridad física, también de los niños, así como de los derechos a la libertad sexual, sobre todo en el caso de las mujeres, que en muchos casos fueron violadas, a la libertad personal, a la propiedad privada, a la vivienda y, en general, a la honra y a la dignidad.
MEDIDAS DE REPARACIÓN
Así el alto tribunal ha ordenado a las autoridades salvadoreñas a adoptar una serie de medidas para reparar el daño causado a las víctimas, en el caso de los supervivientes, y a sus familiares, en el caso de los masacrados, de acuerdo con el comunicado publicado en su página web.
En concreto, ha ordenado elaborar un registro único de víctimas y familiares, investigar lo ocurrido, "sin que la Ley de Amnistía sea un obstáculo", realizar las exhumaciones necesarias, identificar los restos mortales y entregarlos a las familias, indemnizar a las víctimas y a sus familias y correr con los gastos de su tratamiento médico, si existe.
En un plano secundario, ha recomendado implementar un programa habitacional en las zonas afectadas y uno de Derechos Humanos dirigido específicamente a las Fuerzas Armadas salvadoreñas y realizar un documental audiovisual sobre los hechos.
La CoIDH ha adelantado que "supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma".