SAN SALVADOR, 7 Oct. (Reuters/EP) -
La Corte Suprema de El Salvador se ha negado a ordenar la detención de otros cinco militares salvadoreños procesados en España por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras durante la guerra civil del país latinoamericano (1980-1992).
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco ordenó en agosto y septiembre la busca y captura de 20 militares salvadoreños procesados por ocho asesinatos terroristas y delitos de lesa humanidad cometidos el 16 de noviembre de 1989 en San Salvador, entre ellos el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría.
Según la Corte Suprema salvadoreña, la solicitud de Interpol pide solo la localización, no su detención con vistas a su extradición a España. "Lo que teníamos era extractos de avisos rojos decretados contra estas personas por Interpol, pero no traen las solicitudes de detención con fines de extradición", declaró este jueves un magistrado del tribunal, Ulices del Dios Guzmán, a la agencia Reuters.
"La Policía está autorizada, naturalmente, para ubicar y localizar al extraditable, pero no está autorizada para detenerlo", explicó.
El 7 de agosto pasado, nueve de los 20 militares se pusieron voluntariamente a disposición de la Justicia de El Salvador aunque tres días después aseguraron que se negaban a ser extraditados a España tras rechazar "categóricamente" las imputaciones que les había realizado el juez español. Ante esta situación, Velasco pidió al Ministerio de Justicia que se dirigiera al Gobierno del país centroamericano para saber si había iniciado los trámites de entrega de los militares.
Entre los procesados se encuentran el exministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios; el que fuera jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce (recientemente fallecido); el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.
La acción penal también se dirige contra el director de la Escuela Militar 'Capitán General Gerardo Barrios', el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos, y siete miembros del batallón 'Atlacatl', que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzálo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.
Durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando militar irrumpió en la Universidad Centroamericana de San Salvador y asesinó a Ellacuría, que era el rector del centro, y a los sacerdotes españoles Armando López, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, además del salvadoreño Joaquín López y López, así como a dos empleadas de la universidad.
El auto de procesamiento de Velasco detallaba que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de "intensa polarización" entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un "proceso de diálogo" y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".
La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denomina 'La Tandona' y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón 'Atlacatl'.
El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de "terroristas" en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, "algunos bastante mayores", estaban "desarmados" y se encontraban en "pijama", según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias 'Satán', que para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaban actuando contra "delincuentes" y eran sus "cerebros los que importaban".
Los jesuitas asesinados sólo fueron "unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y Argentina", según apuntaba el juez en su resolución.