MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, se ha mostrado en contra de la decisión del Tribunal Constitucional del país de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, y ha asegurado que lejos de ayudar al país este fallo agudiza los problemas existentes.
"Las resoluciones no se ubican ante los problemas nacionales, no ayudan", ha explicado el mandatario en una intervención en la televisión pública. En declaraciones recogidas por el diario 'La Página', Sánchez Cerén ha matizado, no obstante, que su Gobierno siempre ha estado a favor de las víctimas y la reconciliación.
"Estas sentencias no miden los efectos que puede tener en la frágil convivencia" que existe en el país, ha añadido en la Cadena Nacional de Radio y Televisión.
Por el contrario, expertos de Naciones Unidas han respaldado, como ya lo hizo anteriormente Amnistía Internacional, la decisión de los magistrados de declarar inconstitucional la amnistía que dejó impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los doce años de guerra civil en el país.
"Esta decisión histórica para el país devuelve la esperanza a las víctimas y la confianza en el sistema legal", ha indicado uno de los expertos.
COMISIÓN DE LA VERDAD
La guerra civil de El Salvador, según las estimaciones de las organizaciones de Derechos Humanos, dejó unos 75.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos.
Tras el fin del conflicto, el informe de la comisión, titulado 'De la locura a la esperanza: la guerra de los 12 años en El Salvador' publicó los testimonios de personas vinculadas a más de 15.000 víctimas y cerca de 23.000 denuncias.
De todos estos casos se seleccionaron 32 considerados ejemplos de los patrones de violencia llevados a cabo tanto por las Fuerzas Armadas, como por los conocidos como 'escuadrones de la muerte' y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
La Ley de Amnistía se aprobó días después de ser publicado el informe de la Comisión de la Verdad.
Uno de los casos del conflicto que más han afectado a España ha sido el asesinato de cinco sacerdotes españoles, entre ellos el jesuita Ignacio Ellacuría y otros tres ciudadanos salvadoreños el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador a manos de las fuerzas armadas y el FMLM.
El Gobierno español ha solicitado en varias ocasiones, la última el pasado 11 de marzo, la extradición de cuatro militares sospechosos de haber participado en el asalto a la Universidad Centroamericana y haber provocado la muerte de estas ocho personas.