SAN SALVADOR, 1 Abr. (Reuters/EP) -
El Gobierno salvadoreño ha anunciado este jueves una batería de medidas legales para controlar las cárceles, que incluyen el corte de comunicaciones y la suspensión de audiencias para pandilleros presos, a los que las autoridades acusan de estar detrás de la ola de violencia que sacude al país centroamericano.
Las catorce disposiciones temporales, que todavía deben ser aprobadas por el Congreso, comenzarían a aplicarse en los siete centros penitenciarios más peligrosos del país y van desde la suspensión de visitas hasta la incomunicación o el traslado forzoso de líderes pandilleros.
El Salvador cerró el año pasado con una cifra récord de homicidios que las autoridades achacan a una lucha territorial entre las pandillas, o 'maras', cuyos jefes siguen dando instrucciones desde las cárceles para cometer asesinatos, cobrar extorsiones y traficar drogas.
"(Queremos) proteger a los salvadoreños de las actividades ilícitas que aún dentro del sistema penitenciario se siguen coordinando", ha explicado el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, al presentar en el legislativo el plan, que ya ha recibido muestras de respaldo de los partidos de oposición.
Entre las medidas más novedosas está la posibilidad de ordenar a las empresas de telefonía que suspendan las señales en las cárceles del país, donde hay unos 33.000 reclusos, de los cuáles 13.000 serían miembros de pandillas, según cifras oficiales.
En las inspecciones realizadas en las cárceles se han hallado teléfonos celulares con saldos de hasta 20.000 dólares, tal y como ha detallado a Reuters el director de Centros Penales, Rodil Hernández, quien se queja de que hasta ahora no habían contado con la ayuda de las operadoras telefónicas para neutralizar la amenaza.
El anuncio se produce después de que las dos principales pandillas del país --Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13-- se comprometieran a reducir los homicidios a cambio de que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén retirara las medidas.
Aunque las autoridades han reiterado que no habrá pacto con las bandas criminales, como el que en 2012 permitió una caída de las estadísticas delictivas, han rebajado el alcance del plan, que en un primer momento barajó la posibilidad de decretar un estado de excepción y limitar garantías constitucionales.
El Salvador atraviesa por niveles históricos de violencia, superiores a los registrados en los años de la guerra civil, que dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
Cifras oficiales indican que durante el primer trimestre del año, los homicidios subieron un 100 por ciento respecto al mismo período del 2015, para llegar a 1.946 asesinatos.