MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El senador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que imponga una serie de medidas cautelares para frenar el asesinato de activistas y líderes sociales en Colombia.
Con la petición, que ha sido presentada a su vez por el diputado Alirio Uribe, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación para la defensa y promoción de los Derechos Humanos, Cepeda espera garantizar la defensa de los Derechos Humanos en el país, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto.
Asimismo, espera que esto permita aumentar la esperanza de vida de aquellas personas que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos y garantizar que éstas desarrollen sus funciones sin temer por sus vidas, según ha recogido el diario local 'El Espectador'.
De acuerdo con el senador, más de 200 líderes y defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados. "Resulta preocupante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en febrero de este año, que evidencia cómo los altos niveles de impunidad persisten sin avances significativos en materia de identificación de los responsables materiales e intelectuales", ha explicado.
Uribe, por su parte, ha asegurado que "existe una sistematicidad en los homicidios de los líderes, que en su mayoría han sido perpetrados con arma de fuego en zonas cercanas a sus viviendas". "Esto evidencia no solo el seguimiento que precede al hecho sino que muchos de los casos fueron precedidos por amenazas y ofrecimientos de recompensas económicas por acabar con la vida de los mismos", ha añadido.
En la solicitud se pide la protección de las siguientes organizaciones: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Unión Patriotica (UP), Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular (CACEP), Marcha Patriótica (MAPA), y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola Y Marihuana (COCCAM). La misiva también incluye una solicitud para instar al Gobierno colombiano a suspender cualquier tipo de actuación violenta o de Inteligencia contra estos líderes y agilizar las investigaciones que puedan esclarecer los asesinatos ocurridos contra estas personas.
"Urge la adopción de medidas urgentes para evitar la materialización de una afectación a la vida e integridad de los líderes sociales, comunitarios y étnicos que defienden derechos humanos en el país. La Defensoría del Pueblo ha registrado, frente a la escasa respuesta del Estado, que se han producido renuncias masivas de integrantes de las organizaciones sociales y el desplazamiento forzado de los familiares de las víctimas o de quienes han recibido amenazas", recoge el documento.
En este sentido, el texto alerta de que "el panorama deja entrever las amenazas que se tejen no sólo contra la vida de los líderes sociales sino contra la posibilidad de consolidar la paz en los territorios que históricamente han sido los más golpeados por el conflicto".
El documento de 40 páginas entregado al organismo internacional también pide que se obligue al Estado a la implementación de medidas de protección y al nombramiento de un relator especial que vigile la situación actual de Derechos Humanos de quienes firman la solicitud.
"Dentro de las medidas se solicita la creación de un grupo interdisciplinario de alto nivel como mecanismo de seguimiento y supervisión frente a las acciones que adopte el Estado colombiano en cumplimiento de las medidas cautelares. Este grupo tendría como finalidad hacer un seguimiento durante todo el proceso de implementación hasta el cumplimiento efectivo de las medidas indicadas por la CIDH", señala el comunicado, que ha sido entregado por Cepeda.