RÍO DE JANEIRO, 17 Sep. (Notimérica) -
El Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) ha decidido este jueves que las donaciones de empresas privadas a las campañas electorales de los partidos son inconstitucionales, casi un año y medio después de que los magistrados empezaran a deliberar.
La decisión, tomada con ocho votos a favor de la prohibición y tres en contra, valdrá ya a partir de las elecciones municipales que tendrán lugar el año que viene y también afectará a las presidenciales de 2018.
Gracias a la decisión del Supremo, Rousseff podrá vetar el proyecto de ley que aprobó el Congreso la semana pasada y que permite las donaciones hasta un límite de 20 millones de reales (5,1 millones de dólares).
La prohibición de las donaciones era una de las grandes demandas de los movimientos sociales de izquierda para acabar con la corrupción y gran parte del Partido de los Trabajadores (PT) está de acuerdo en prohibirlas.
Pero el parecer de Rousseff, en medio de una compleja crisis de gobernabilidad, también dependerá de las presiones de sus aliados, muchos de los cuales no están dispuestos a dejar de recibir dinero de las empresas.
En la actualidad la ley permite las donaciones y fija un límite del 2% de la facturación que tuvo la empresa en el año anterior a la contienda electoral y se calcula que en las pasadas elecciones de 2014 alrededor del 70% de dinero que recaudaron los partidos venía de este tipo de donaciones.
Gran parte de las formaciones políticas de Brasil se han visto salpicadas en alguna ocasión por escándalos de financiación irregular en las campañas, el más notorio últimamente es el caso de la campaña de electoral de Rousseff en 2010, que presuntamente se financió, en parte, con dinero sucio de la trama corrupta de Petrobras.
Por ello en los últimos meses ha crecido la presión para acabar con la financiación empresarial, una de las medidas que Rousseff prometía en su llamada 'reforma política', de la cual no ha podido cumplir prácticamente nada porque tiene grandes dificultades para gobernar con sus aliados.
La magistrada Carmen Lúcia, una de las que ha votado a favor de la prohibición, resumía así sus argumentos: "Hay una influencia que rompe la igualdad no solo entre los candidatos, también dentro de los partidos. El que tiene más recursos es el que tiene mejores contactos con las empresas y el que representa esos intereses, y no el interés de todo el pueblo, que sería el interés legítimo", ha dicho.
Los que estaban a favor, como Teori Zavascki, defendían que lo que hace falta son más normas para establecer cómo han de ser esas donaciones, y proponían, por ejemplo, que las empresas que normalmente tienen contratos con la administración pública no pudieran donar, o que en caso de que pudieran lo hicieran a la campaña de un único candidato.