NUEVA YORK, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha afirmado este viernes que está "preocupada" por la decisión del Gobierno de Surinam de aprobar una enmienda que garantiza la inmunidad a todos los que perpetraron violaciones de los Derechos Humanos durante el periodo de doce años en que el país estuvo bajo un Ejecutivo militar.
La Alta Comisionada cree que esta enmienda negará a la mayoría de las familias de las víctimas su derecho a la justicia, la verdad y la reparación", ha dicho el portavoz de Pillay, Rupert Colville.
Esta nueva ley extiende el periodo cubierto por la anterior amnistía para incluir todas las violaciones que tuvieron lugar entre el 1 de abril de 1980 y el 19 de agosto de 1992 "en el contexto de la defensa del Estado", para evitar nuevas investigaciones sobre los abusos cometidos entre esas fechas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha afirmado que uno de los casos involucra al entonces presidente --y actual presidente--, Desi Bouterse, quien podría beneficiarse de esta nueva ley.
Bouterse y otras 24 personas están acusados de participar en el arresto de 15 importantes líderes opositores --entre ellos varios periodistas, abogados y sindicalistas-- en diciembre de 1982 y su posterior ejecución.
Bouterse lideró un golpe de Estado en 1980 en el que derrocó a Johan Ferrier, el primer presidente de Surinam, elegido democráticamente, y se convirtió en mandatario 'de facto' durante dos breves periodos de varios días en 1980 y 1982. Además, en 1990 encabezó otros golpe de Estado para derrocar a Ramsewak Shankar.
"La Alta Comisionada desea sinceramente que se den pasos lo más pronto posible para revertir esta legislación, ya que entra en claro conflicto con las obligaciones internacionales de Surinam y va contra las medidas positivas en muchos otros países latinoamericanas destinadas a juzgar y, en muchos casos, encarcelar a los responsables de graves violaciones durante las dictaduras militares", ha agregado Colville.
El Derecho Internacional establece que las amnistías no son permisibles en caso de que eviten la investigación y juicio de personas que podrían ser responsables de crímenes internacionales, incluidos los crímenes de guerra, los crímenes contra la Humanidad, el genocidio y las graves violaciones de los Derechos Humanos.