BRASILIA, 28 Jun. (Notimérica) -
El Senado brasileño publicó este lunes un informe elaborado por sus técnicos que indica que no existen pruebas en contra de la presidenta suspendida Dilma Rousseff, que pudieran demostrar que ésta participara activamente en maniobras fiscales que llevaron a la apertura del juicio político (Impeachment) contra la mandataria en la Cámara Alta.
Según el documento, que consta de 223 páginas y fue realizado a petición de la defensa de Rousseff, la suspendida jefa de Estado fue presuntamente responsable de la emisión de una serie de decretos que "alteraban" los presupuestos "sin la pertinente autorización del Congreso", pero no cometió crimen alguno que merezca su destitución.
El estudio establece que Rousseff no participó de 'pedaladas fiscales', término que se refiere a las operaciones presupuestarias realizadas por el Tesoro Nacional no previstas en la legislación, lo que supone que la presidenta suspendida no participó en los atrasos en el pago de créditos a la banca pública, como se le acusa, lo cual hubiera constituido una violación de las leyes fiscales y terminaría con la destitución de la jefa de Estado.
Según la parte acusadora, el Gobierno de Rousseff atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Estos atrasos, que datan de 2014 y se mantuvieron en 2015, fueron utilizados por la oposición para sustentar la acusación que derivó en el juicio político.
Este informe será presentado en el pleno del Senado a principios de agosto y se decidirá por una mayoría simple de 41 votos entre sus 81 miembros. Si la causa prosigue, la Corte Suprema convocará una última y definitiva sesión a medidos de agosto. En esa definitiva instancia, Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría calificada de dos tercios de los senadores (54 votos). Si Rousseff es destituida, el presidente interino, Michel Temer, deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
Rousseff fue convocada a declarar el próximo 6 de julio ante la Comisión Especial de Impeachment de la Cámara Alta. Se desconoce si lo hará en forma personal o será representada por su abogado José Eduardo Cardozo.
El pasado 12 de mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Rousseff, por lo que debió separarse de su cargo por un período de 180 días. Fue sustituida en forma interina por su entonces vicepresidente, Michel Temer.
Temer ha llevado a cabo desde los primeros siete días en el poder una serie de reformas económicas y modificaciones contra la clase trabajadora. Esto ha provocado que un 70 por ciento de la población desaprueben al nuevo mandatario, según un sondeo de Ipsos.