BOGOTÁ, 6 Nov. (Notimérica) -
Después de 31 años de la toma del Palacio de Justicia de Colombia aún hay más sombras que luces con respecto a la investigación. El atentado, que fue perpetrado por un grupo de 39 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19), se saldó con 98 muertos y al menos 11 desapariciones.
La toma se produjo el 6 de noviembre de 1985, cuando el M-19 asaltó la sede de esta institución, situada en Bogotá, manteniendo a 359 rehenes en el interior del edificio durante más de un día. Entre ellos se encontraban magistrados, consejeros de estado, servidores judiciales, empleados y visitantes.
Por orden del Gobierno y tras una negociación fallida con los guerrilleros, el Ejército procedió a la retoma del Palacio de Justicia por las armas, lo que produjo el fallecimiento de 11 soldados, 33 combatientes, 43 civiles y la desaparición de otros 11 civiles.
Son demasiadas las incógnitas que rodean a este atentado, entre ellas la posible implicación de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, si los servicios de inteligencia colombianos estuvieron al tanto, la manipulación de las pruebas o lo lenta que avanza una investigación, aún hoy abierta. Tras más de tres décadas, aún no se ha sabido esclarecer uno de los episodios más turbulentos de Colombia, calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como 'holocausto' y 'masacre'.
CRIMEN DE ESTADO
Una de las grandes incógnitas de este atentado es hasta qué punto el Gobierno colombiano era consciente de que iba a producirse el ataque. Semanas antes de que se llevase a cabo, ante la sospecha de que algo iba a ocurrir en el Palacio de Justicia, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y del Consejo de Estado, Carlos Betancourt Jaramillo, tuvieron una reunión.
En este encuentro acordaron varias medidas para implementar la seguridad del edificio, medidas que fueron reducidas considerablemente justo el día de la masacre.
Según la Comisión de la Verdad, integrada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2005, la hipótesis más probable es la de 'la ratonera', que indica que la disminución de la protección fue un acto deliberado de algunos miembros del poder público para permitir el atentado del M-19, con el fin de tender una trampa al grupo guerrillero.
La Comisión de la Verdad declaró responsables del atentado al M-19, pero también al presidente de la época, Belisario Betancur, y al Ejército de Colombia. Esta posibilidad está siendo investigada aún hoy por la Fiscalía y de resultar cierta, podría conllevar inmensas responsabilidades a los exintegrantes del ejecutivo de Betancur.
PABLO ESCOBAR Y EL CARTEL DE MEDELLÍN
Una de las teorías más extendidas con respecto al por qué del atentado implica al famoso líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar. El narco habría sobornado al grupo de guerrilleros M-19, autores del atentado, para que tomaran el Palacio de Justicia de Bogotá.
Escobar les habría pagado dos millones de dólares por la toma del Palacio el día que en la Sala Constitucional se debatía la aprobación de la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.
MUERTES MISTERIOSAS
Otra de las grandes incógnitas de este atentado son los fallecimientos del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horario Urán Rojas, y de una de las cajeras de la cafetería, Cristina Pilar Guarínel, así como la desaparición del administrador de la misma, Carlos Augusto Rodríguez.
Con respecto a estos hechos, en 2007 salió a la luz un video en el que se veía a los tres saliendo del Palacio de Justicia por su propio pie tras la retoma. En el caso del magistrado auxiliar, su cadáver fue hallado en la morgue de Bogotá junto a otros cuerpos de personas fallecidas durante la retoma. Se sospecha que fue torturado y luego muerto de un disparo a bocajarro.
El cuerpo de Cristina Pilar Guarín fue encontrado en 2015, en una fosa común, y por primera vez los ministerios de Defensa y de Justicia fueron condenados por una de las múltiples desapariciones del 6 de noviembre de 1985. El administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, aún continúa desaparecido.
LAS TORTURAS
Uno de los aspectos más criticados de la retoma del Palacio de Justicia fue la excesiva violencia que aplicaron las fuerzas armadas, excediéndose de sus capacidades y funciones y llevando a cabo acciones que no estaban permitidas por el Gobierno.
Aún se desconoce cómo se inició el incendio que consumió el Palacio y si hubo un incumplimiento por parte de la Policía del alto al fuego.
Con respecto a la muerte del líder del M-19, Andrés Almarales, muchas versiones apuntan a que los tanques dispararon contra él a través de una pared en el cuarto piso, lugar donde se encontraban la mayor parte de los rehenes, sin ningún tipo de discriminación.
Sobre el Ejército colombiano recae también la acusación de haber llevado a cabo múltiples torturas bajo las acusaciones injustificadas de "ser guerrilleros". Se apunta a que este es el por qué de las 11 personas que siguen hoy desaparecidas y se encontraban dentro del Palacio de Justicia durante los hechos.
Los supervivientes a la retoma del Palacio fueron llevados, de acuerdo con la Justicia colombiana, a la Casa del Florero, un edificio cercano al Palacio de Justicia y posteriormente a instalaciones militares donde decenas de personas fueron torturadas.
MANIPULACIÓN DE LA ESCENA
Los protocolos existentes para el levantamiento de cuerpos, objetos, armas y pertenencias de los fallecidos no fueron aplicados este 6 de noviembre en Colombia. Se ordenó lavar el Palacio de Justicia, los cuerpos de los fallecidos y se eliminaron muchas de las pruebas existentes.
Con respecto a la manipulación de la escena del crimen, la Comisión de la Verdad aseguró que el objetivo era ocultar las causas de la muerte de cada una de las víctimas, lo que ha sido una inmensa dificultad para el esclarecimiento de los hechos.