WASHINGTON, 12 Sep. (Reuters/EP) -
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó ayer un recurso presentado por presuntas víctimas de torturas en la cárcel de Abu Ghraib, al oeste de Bagdad, contra dos estadounidenses subcontratados por el Departamento de Defensa norteamericano argumentando que las empresas para las que trabajaban tienen inmunidad judicial porque habían sido contratadas por el Gobierno.
La denuncia se presentó en 2004 en nombre de ciudadanos iraquíes que aseguran que ellos mismos o sus familiares sufrieron torturas mientras el Ejército estadounidense les mantuvo recluidos en la prisión. Las empresas demandadas son CACI International, que ofrecía los servicios de interrogadores en Abu Ghraib, y la unidad Titan de L-3 Communications Holdings, que ofrecía intérpretes.
Por dos votos a uno, el tribunal determinó que las dos compañías gozan de inmunidad por ser contratistas del Gobierno estadounidense y que en este caso la ley federal se impone a la estatal, un hecho que tiene su precedente, entre otros, en un veredicto que dictó el Tribunal Supremo en 1992.
"En tiempos de guerra, cuando un contratista de servicios privados está integrado en actividades de combate sobre las que el Ejército tiene la autoridad de mando, en cualquier demanda de agravio que se plantee en relación a la participación del contratista en esas actividades" se aplicará el principio que dice que, cuando la ley estatal entra en conflicto con la federal, es ésta la que prevalece, explica el juez Laurence Silberman en el fallo.
Pero el juez Merrick Garland consideró que "ningún acto del Congreso y ningún precedente judicial prohíbe a los demandantes denunciar a los contratistas privados, que no eran ni soldados ni empleados civiles del Gobierno".
"En estos casos, los demandantes alegan que fueron golpeados, electrocutados, violados, atacados por perros y, aparte de eso, sufrieron abusos por parte de contratistas privados que trabajaban como intérpretes e interrogadores en la prisión de Abu Ghraib", recordó.
Los abogados de las víctimas y sus familias mantienen que los contratistas no son inmunes porque las presuntas torturas no eran parte de las funciones que habían acordado cumplir en el marco de su trabajo.
Otro tribunal federal estadounidense había rechazado en 2007 la denuncia contra Titan porque los traductores desempeñaban su trabajo bajo el mando directo y el control exclusivo del Ejército estadounidense. En el caso de CACI, no se opuso a que el proceso continuase porque sus interrogadores obedecían a una doble cadena de mando, militar y civil, y además los responsables de la empresa ejercían su autoridad de forma bastante autónoma.